GOBIERNO
El Ejecutivo anunció la semana pasada, una reorganización estatal que recorta ministerios y secretarías; ante esto varios sectores sociales criticaron el proceso por falta de diálogo y claridad institucional.
El pasado 24 de julio, el Gobierno nacional anunció una significativa reestructuración del aparato estatal, que implica la reducción de 20 a 14 ministerios y de nueve a tres secretarías. La decisión fue comunicada por la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, desde el Palacio de Carondelet, como parte de un proceso que el régimen califica de “eficiencia” administrativa.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 60, firmado por el presidente Daniel Noboa, y contempla la fusión y supresión de varias carteras de Estado. Según explicó Jaramillo, la reorganización implica una reducción del 41% en las entidades ministeriales, aunque aún no se ha aclarado si las funciones de los exministerios serán absorbidas por nuevas subsecretarías o viceministerios.
Entre las entidades que experimentan un crecimiento en sus atribuciones se encuentran el Ministerio de Educación y el de Transporte y Obras Públicas. En el listado de instituciones que permanecerán o se reformulan figuran también el Ministerio de Gobierno, el de Producción, el de la Mujer y Derechos Humanos, así como organismos clave como el ECU-911 y el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI).
El Gobierno ha defendido esta reorganización como un paso hacia la racionalización del gasto público. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, señaló que Ecuador figuraba, junto a Venezuela, entre los países con mayor número de ministerios en la región. En esa línea, el presidente Noboa afirmó que, con esta reestructuración, el país se sitúa por debajo de naciones como México, Brasil, Venezuela, Colombia y Nicaragua en cuanto al número de carteras ministeriales.
Frente a las críticas, la ministra Muñoz respondió mediante un comunicado que “las competencias culturales no se están suprimiendo” y que los institutos adscritos, como el INPC, el ICA y el IFAIC, continuarán operando. No obstante, no se detalló cómo se garantizará la rectoría cultural establecida en la Constitución ni qué mecanismo legal se empleará para concretar las fusiones.
Fusión del Ministerio de Cultura genera rechazo
Uno de los cambios que más reacciones ha provocado es la eliminación del Ministerio de Cultura como entidad independiente, cuyas competencias pasarían a integrarse dentro del Ministerio de Educación.
Esta decisión ha sido duramente criticada por representantes del sector cultural, quienes consideran que la fusión desvaloriza el rol de la cultura en la sociedad y vulnera derechos constitucionales. Fernando Cerón, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y actual candidato a la reelección, manifestó que la medida refleja una visión “antitécnica y decimonónica”.
“El Ministerio de Cultura ya enfrentaba serios desafíos presupuestarios y de gestión. Su supresión sin un análisis técnico ni debate público es un grave retroceso”, afirmó. Daniela Pabón, coordinadora nacional de la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria, se sumó a las críticas.
Desde su perspectiva, la decisión “desconoce el trabajo técnico y político que se ha realizado en los últimos años, incluso durante este mismo gobierno”. Pabón advirtió que, sin un ente rector específico, será imposible articular políticas culturales, evaluar su impacto o coordinar programas como Iberescena e Ibermúsicas, a los que Ecuador está adscrito.
