SEGURIDAD
El presidente Daniel Noboa ha puesto en marcha un ambicioso proyecto legal que refuerza el enfoque punitivo del Estado en su lucha contra el crimen organizado, con reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que evocan al sistema de seguridad implementado por Nayib Bukele en El Salvador.
Aunque el proyecto fue presentado como urgente en materia económica, su contenido gira, en realidad, en torno a cambios profundos en la legislación penal.
La iniciativa, denominada Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, fue enviada a la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2025 y propone un régimen legal especial para enfrentar a las bandas criminales, a las que el gobierno ha declarado como grupos terroristas desde enero de 2024, en el marco del conflicto armado interno.
Entre los puntos más polémicos se incluye la posibilidad de realizar allanamientos y detenciones sin orden judicial, establecer penas severas por pertenencia a grupos armados organizados, y aplicar prisión preventiva como norma, no como excepción. Estas disposiciones, de ser aprobadas, marcarían un giro radical en el tratamiento penal de la criminalidad en Ecuador.
Nuevos delitos y penas severas
Una de las reformas más destacadas es la tipificación del delito de pertenencia a grupos armados organizados, con sanciones que van desde 22 hasta 26 años de prisión para los miembros, y hasta 30 años para los líderes o cabecillas.
No obstante, la norma no especifica con claridad los criterios que se emplearán para determinar la pertenencia a estos grupos, lo que genera preocupación sobre posibles abusos o interpretaciones arbitrarias, como ha ocurrido en El Salvador.
En ese país, bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, miles de personas han sido encarceladas tras ser identificadas como pandilleros mediante tatuajes, vínculos familiares, o comportamientos considerados sospechosos, lo que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos.
Allanamientos y detenciones sin orden judicial
Otra disposición que genera controversia es la autorización para que las fuerzas de seguridad realicen allanamientos y detenciones sin orden judicial previa, siempre que las operaciones estén relacionadas con el conflicto armado interno.
Las detenciones podrán durar hasta 24 horas con fines investigativos, y los procedimientos estarán bajo el control de jueces especializados, una figura nueva que también se propone crear con estas reformas.
El Bloque de Seguridad, compuesto por policías y militares, será el encargado de definir los lineamientos de estas intervenciones. Posteriormente, los detenidos deberán ser puestos a disposición de la Fiscalía.
Prisión preventiva como regla
Tradicionalmente, la prisión preventiva ha sido considerada una medida excepcional en el derecho penal. Sin embargo, el proyecto de Noboa propone que, durante el conflicto armado, esta medida cautelar sea la regla general y no pueda ser sustituida por otras alternativas, como la presentación periódica ante un juez o el uso de dispositivos electrónicos.
Esta propuesta también guarda similitudes con el régimen salvadoreño, donde se ha restringido la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión en casos relacionados con pandillas, y se han eliminado los plazos máximos para la detención preventiva.
Proceso judicial acelerado y especializado
Finalmente, el proyecto del Ejecutivo plantea una justicia excepcional para juzgar los delitos vinculados al conflicto armado. Esto implica la realización de todas las etapas procesales en una única audiencia, con un juez especializado y en un plazo máximo de 15 días desde la detención.
Además, si un fiscal opta por no formular cargos, deberá justificar su decisión públicamente ante su superior en una audiencia específica.
Este tipo de procedimiento recuerda a las reformas judiciales implementadas por Bukele, donde incluso se han llevado a cabo audiencias masivas con cientos de detenidos, en un sistema que ha sido cuestionado por debilitar las garantías del debido proceso.
Un modelo en debate
Aunque el gobierno ecuatoriano insiste en que estas reformas son necesarias para frenar el poder del crimen organizado, diversas voces ya han comenzado a cuestionar su constitucionalidad y el impacto que podrían tener sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Asamblea Nacional tiene ahora la responsabilidad de debatir este paquete legal, que podría redefinir la relación entre seguridad y justicia en el país, y que coloca a Ecuador en la ruta de replicar el modelo salvadoreño, aplaudido por unos y criticado por otros.
