SALUD
La Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional se convirtió en escenario de denuncias, reclamos y compromisos urgentes frente a la grave crisis que atraviesa la red pública de salud en el país. El tema central: la atención neonatal, marcada en los últimos meses por la muerte de recién nacidos en hospitales de Guayaquil.
En la sesión participaron representantes de organizaciones sociales, comités de usuarios y gremios médicos, entre ellos Maxwell Rodríguez, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, quien exigió que el Parlamento deje de ser un espacio de discursos y pase a la acción frente al deterioro estructural del sistema de salud.
Rodríguez recordó que la Constitución obliga al Estado a destinar un mínimo del 4% del PIB al sector, cifra que, según denunció, no se cumple. A esto se suman la inestabilidad ministerial, la rotación constante de gerentes hospitalarios y el incumplimiento de la Ley de Carrera Sanitaria, aprobada en 2022 pero sin reglamento que permita su aplicación.
“El déficit de medicamentos, la carencia de insumos básicos y la falta de políticas preventivas están golpeando especialmente a las áreas más sensibles: neonatología y pediatría”, advirtió.
Ante este panorama, la presidenta de la Comisión, Viviana Veloz, anunció tres compromisos inmediatos. El primero y más llamativo: inspecciones quincenales a los hospitales públicos y del IESS, con énfasis en neonatología y pediatría, para verificar el abastecimiento de medicinas e insumos, así como las condiciones de atención.
El segundo: la fiscalización e informe sobre el fallecimiento de neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil y en Monte Sinaí.
Y el tercero: Una solicitud a la Fiscalía para ampliar la investigación sobre este último caso, a fin de establecer responsabilidades y adoptar correctivos.
“Las muertes de recién nacidos en los hospitales Universitario y Monte Sinaí no son estadísticas: son heridas que exigen conciencia y acción inmediata”, enfatizó Veloz, al confirmar además que la Comisión fiscalizará los casos de fallecimientos y pedirá a la Fiscalía ampliar las investigaciones para determinar responsabilidades.
La ausencia de autoridades del Ministerio de Salud en la sesión fue duramente criticada por los legisladores. Veloz y otros miembros de la Comisión denunciaron que la falta de recursos está retrasando derivaciones de pacientes, obligando a esperar meses por un traslado y, en muchos casos, costando vidas.
Jenny Velasteguí, representante del Comité de Usuarios de la Maternidad Matilde Hidalgo de Prócel, relató que desde hace dos años esta organización acompaña a madres y pacientes que enfrentan desabastecimiento e infraestructura limitada. “El esfuerzo del personal es enorme, pero necesitamos ampliación urgente de servicios y una maternidad que esté a la altura de la demanda”, afirmó.
La decisión fue tomada el viernes 15 de agosto de 2025 y hubo la comparecencia de representantes de la sociedad civil y organizaciones sociales para abordar la grave crisis que atraviesa la red pública de salud.
Una deuda pendiente
El debate dejó en evidencia que los problemas no solo se reducen a falta de recursos. También hay denuncias sobre reutilización de insumos, impagos al personal de salud y condiciones insalubres en hospitales.
“No se pueden maquillar los recortes presupuestarios”, advirtió Veloz, quien aseguró que la Comisión exigirá al presidente Daniel Noboa la expedición inmediata del reglamento de la Ley de Carrera Sanitaria.
Por ahora, la medida más inmediata será el control cada 15 días en hospitales y unidades del IESS. Una acción que pretende ser más que un acto simbólico y convertirse en un mecanismo de presión y vigilancia frente a un sistema que, según médicos, usuarios y pacientes, se encuentra en cuidados intensivos.
