Culminada la etapa de indagación previa, la tarde del jueves 17 de enero, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de Tania P., rectora del Instituto Tecnológico Superior “Riobamba”, quien es procesada por un presunto delito de concusión.
La diligencia que se cumplió en la Unidad Judicial de Chimborazo, se extendió por más de una hora. El juez que conoció la causa, solicitó medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva: prohibición de salida del país y presentación periódica, mientras dura la instrucción fiscal.
George Sotomayor, fiscal de la Unidad de Administración Pública, indicó que Fiscalía reunió una cantidad de indicios y elementos de convicción (900 hojas y ocho cuerpos), en los cuales se recabó versiones de los denunciantes y testigos, con los que justificó la formulación de cargos por el presunto delito.
Acotó que con ello, se dio inicio a la etapa de instrucción fiscal: “durante esta etapa, los denunciantes a través de su defensa podrán seguir incorporando elementos que puedan recabar, al igual que Fiscalía igual; también la defensa podrá presentar sus pruebas de descargo, para lograr el debido proceso”.
Sotomayor detalló que una vez culminada esta etapa, el Fiscal tiene la oportunidad de analizar, y si encuentra más elementos, puede pedir un dictamen acusatorio, y solicitar al Juez la audiencia preparatoria y evaluatoria. Por otra parte, si existen elementos de descargo a través de los documentos introducidos por la parte procesada, el Fiscal puede dar un dictamen abstentivo: “Si el Fiscal en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio acusa, el juez tiene dos opciones: si encuentra elementos suficientes llama a juicio; y si no, dicta sobreseimiento”.
Procesada. Aquiles Hervas, abogado de la parte procesada, indicó que afortunadamente empieza una etapa que es pública, en la que se puede formular varias pruebas, con las cuales demostrarán que atrás de todo esto, existen intereses “oscuros”: “Creemos que hay que dejar que la justicia actué procesalmente, pero también hemos pedido la excusa del fiscal en el proceso, porque no nos ha dado las garantías suficientes durante la etapa de indagación previa”.
Denunciante. Alex S., estudiante que presentó algunas denuncias en contra de la rectora de la institución, mencionó que tras iniciar la instrucción fiscal, esperan que se llegue a la verdad.
Pena. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), tipifica al delito de concusión cuando servidores públicos piden cuotas o contribuciones indebidas. Además, de ser comprobado este delito, “serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas, la o el servidor público, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años”. (12)
