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En un intento por optimizar el gasto público, Ecuador ha desvinculado a 990 empleados con contratos ocasionales, sin embargo, las incertidumbres persisten sobre la efectividad de esta medida en medio de la presentación pendiente del presupuesto para el año 2024.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, reveló que 160 contratos ocasionales fueron eliminados en el Gobierno Nacional, mientras que se estima que otros 830 fueron afectados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta acción se enmarca en la orden emitida por el presidente Daniel Noboa en noviembre de 2023, que instruyó la conclusión de todos los contratos ocasionales vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023, con ciertas excepciones. A pesar de estos recortes, las medidas generan escepticismo debido a la falta de claridad sobre el plan integral para reducir los gastos. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, ha prometido un recorte de al menos $1.000 millones, aunque hasta ahora solo existen anuncios aislados sin detalles concretos. El ahorro potencial generado por la eliminación de estos contratos ocasionales se estima en poco más de $2 millones al año, una cifra que representa solo una fracción del gasto total en contratos ocasionales, calculado en $1.160 millones anuales. Además, un análisis realizado por el Colegio de Economía de la Universidad San Francisco (USFQ) sugiere que podrían recortarse hasta el 30% de los contratos ocasionales, lo que representaría un ahorro significativo de $442,7 millones. El caso del IESS también se suma a la discusión, con su presidente, Eduardo Peña, reconociendo la existencia de un exceso de empleados. Aunque se han desvinculado alrededor de 830 contratos ocasionales desde diciembre de 2023, según Peña, los datos de transparencia muestran una reducción menor en la nómina total, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia real de estas medidas. En medio de estas preocupaciones, el país enfrenta desafíos financieros adicionales, con proyecciones de un déficit fiscal considerable para el año en curso. El Gobierno se encuentra bajo presión para presentar un presupuesto que aborde adecuadamente estas preocupaciones y proporcione un plan sólido para garantizar la estabilidad económica a largo plazo.
