Tras más de un año de espera, finalmente se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra un policía acusado de violar a una menor de 13 años. El caso ha generado indignación en la comunidad por la lentitud del proceso y las presuntas irregularidades que lo rodean. La Fiscalía imputó al oficial por violación con agravantes.
Sin embargo, no se dictó prisión preventiva. Como medidas cautelares, el acusado deberá presentarse cada miércoles en la Fiscalía de Alausí, tiene prohibición de salir del país y debe mantener distancia de la víctima. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. El caso se remonta al 8 de marzo de 2024. La menor afectada, recibió mensajes del oficial a través de WhatsApp.
Aprovechando su cercanía con la víctima y su cambio de funciones dentro de la Policía, el uniformado la citó en la Fiscalía de Chunchi, donde presuntamente la agredió en un baño de la institución. El hallazgo fue fortuito: la familia revisó el teléfono de la menor y descubrió los mensajes, lo que derivó en la denuncia formal ante la Fiscalía. Desde entonces, el caso ha avanzado lentamente.
La investigación ha estado marcada por hechos cuestionables. La psicóloga asignada realizó la evaluación en el domicilio de la menor, en lugar de las instalaciones oficiales, y según testimonios, intentó influir en su declaración. Además, la defensa del acusado habría enviado cartas y mensajes con promesas de matrimonio y apoyo, en un intento de evitar que la menor testifique.
La familia de la menor denuncia que, pese a solicitudes de diligencias adicionales y exámenes periciales, el caso sigue sin avances sustanciales y teme influencias internas en la Fiscalía que podrían afectar la justicia. El caso ha reavivado el debate sobre la protección de menores frente a funcionarios de autoridad y la necesidad de mecanismos que aseguren que delitos graves no queden impunes.
