Por: Daniel Márquez Soares
Ya se avecina el tan esperado, y a la vez innecesariamente postergado, desplome de la Constitución de Montecristi. Lo más probable es que el próximo año el nuevo gobierno, cualquiera que sea, se vea obligado a convocar a una asamblea constituyente. Dada la magnitud de los obstáculos del momento, no hay alternativa. Así, es necesario comenzar ya a discutir las nuevas visiones y principios que podrían plasmarse en el nuevo proyecto constitucional.
Se ha instaurado el pernicioso mito de que, en su parte dogmática, la Constitución de Montecristi es una buena elaboración, cuando es en ella donde estriba la raíz de todo el caos y el infortunio en el que se ha hundido el país. El Ecuador actual está construido para buscar la grandeza del Estado y de la “sociedad” —lo que sea que eso signifique—, no para perseguir el bienestar de los ciudadanos. La idea predominante en la Constitución actual es que el fortalecimiento estatal y el establecimiento de un orden colectivista —enmascarado tras términos como “justicia” o “equidad”— permitirá que la prosperidad se derrame luego sobre los individuos. Por ello el permanente énfasis en el patrimonio estatal, en los derechos colectivos, en lo “estratégico” y en ideas de moda, lujos propios de estados riquísimos, como “interculturalidad”, “diversidad” o “plurinacionalidad”.
El Estado ecuatoriano necesita renunciar a sus sueños de poderío y grandeza, propios del espíritu grandilocuente del siglo XIX —cuando se fundó el país— y reforzados por las ideologías utopistas del siglo XX. Por elementales motivos geográficos y demográficos, Ecuador jamás será una potencia militar e industrial, pero sí puede ser un país sumamente próspero; solo necesita reinventarse como un Estado pequeño, libre y ágil, enfocado en el comercio, los servicios, la agropecuaria y el aprovechamiento del subsuelo, tal y como lo han hecho otras pequeñas naciones, razonablemente florecientes, de la región. Eso debe reflejarse en la próxima Constitución.
