POLÍTICA
En apenas 14 años de vigencia de la Constitución de Montecristi, los ecuatorianos han acudido a las urnas seis veces para responder a consultas populares y referendos. Y todo apunta a que el calendario sumará una nueva cita, convocada por el presidente Daniel Noboa. El costo de esta práctica política no es menor: desde 2011, el país ha desembolsado USD 153 millones para organizar estos procesos.
Si la siguiente consulta se confirma, esa cifra escalaría a USD 213 millones, un gasto que resulta difícil de digerir en un país con más de 11.000 millones de deuda y un déficit habitacional del 57%. El promedio es revelador: desde 2023, los mandatarios han llamado a las urnas cada nueve meses.
Guillermo Lasso, Lenin Moreno, Rafael Correa y ahora Daniel Noboa encontraron en la consulta popular un mecanismo para medir fuerzas, mostrar legitimidad o empujar reformas que el Legislativo se resistía a aprobar. Sin embargo, el costo de esa estrategia se traduce en millonarias erogaciones estatales.
El último proceso, en abril de 2024, le costó al Estado USD 60 millones, cifra suficiente para haber construido 3.242 viviendas sociales, 28 centros de salud o repotenciado 82 escuelas públicas. Pese a esos números, los gobiernos suelen justificar las consultas como ejercicios de “profundización democrática”.
La consulta de Noboa todavía no tiene plan operativo del Consejo Nacional Electoral (CNE), ni decisión definitiva de la Corte Constitucional, que ya descartó cinco de las preguntas iniciales. De confirmarse, los ecuatorianos deberán pronunciarse sobre temas que son reducir el número de legisladores en la Asamblea Nacional, eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas, entre otras.
Los analistas advierten que estas preguntas no son menores: tocan fibras sensibles de la soberanía, la representación y el modelo laboral. La costumbre de llevar reformas a las urnas no es nueva. Rafael Correa lo hizo con éxito en 2011, Lenin Moreno en 2018, mientras que Guillermo Lasso fracasó en 2023.
Noboa, por su parte, busca un espaldarazo político en medio de una compleja situación económica y de seguridad. En total, los mandatarios han consultado a los ecuatorianos sobre 42 temas distintos, desde la reelección indefinida hasta la extradición de delincuentes, pasando por la minería, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y ahora el trabajo por horas. Pero el resultado no siempre ha sido favorable: algunos procesos terminaron con derrotas políticas, debilitando al presidente de turno.
Aunque el presupuesto estatal supera los USD 40.000 millones anuales, el gasto en consultas populares no pasa desapercibido. Sobre todo porque en dos ocasiones febrero de 2017 y agosto de 2023, el costo fue inferior a USD 3 millones, al coincidir con elecciones generales.
Para los defensores, las consultas son una herramienta legítima de la democracia participativa. Para sus detractores, se trata de plebiscitos encubiertos que los mandatarios usan para reforzar su capital político.
