TRAGEDIA
Once soldados ecuatorianos fueron asesinados en una emboscada en Alto Punino, un enclave selvático de difícil acceso en la provincia de Orellana.
La ofensiva, atribuida a los Comandos de la Frontera grupo disidente de las FARC con vínculos operativos con la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, no solo dejó a la nación en estado de conmoción, sino que encendió las alarmas sobre el avance del crimen organizado en la Amazonía.
El ataque, ejecutado con explosivos, granadas y armamento de guerra, evidenció la vulnerabilidad del Estado en zonas donde la ley ha sido desplazada por redes ilegales que controlan rutas, territorios y economías subterráneas como la minería ilegal.
La selva ecuatoriana fue testigo de una tragedia sin precedentes. El viernes 9 de mayo de 2025, once militares fueron asesinados en una emboscada en Alto Punino, un remoto sector entre las provincias de Orellana y Napo, mientras ejecutaban un operativo contra la minería ilegal.
El ataque, atribuido a los Comandos de la Frontera disidencia de las extintas FARC y a su aliado criminal ecuatoriano Los Lobos, dejó al país en duelo y puso en evidencia la compleja red de violencia que se teje en la Amazonía.
Ese viernes, cuatro helicópteros transportaron a 80 militares de la Brigada de Selva 19 Napo hacia varios puntos estratégicos de Alto Punino. Su misión era ubicar y destruir maquinaria utilizada por grupos ilegales para la extracción de oro.
La operación se desplegó con normalidad hasta que uno de los equipos descendió en una zona conocida como Sardinas. Los soldados hallaron maquinaria pesada, pero antes de que pudieran destruirla, fueron sorprendidos por hombres armados.
Los agresores, al menos 35, según reportes preliminares rodearon al grupo militar y los atacaron con fusiles, granadas y explosivos. La violencia del enfrentamiento dejó once muertos, también cayó uno de los atacantes.
El comandante del Ejército, Henry Delgado, confirmó que los responsables pertenecen a los Comandos de la Frontera, grupo que opera a lo largo de la frontera con Colombia y mantiene vínculos con Los Lobos, banda ecuatoriana que ha crecido al amparo del narcotráfico y el control territorial.
Según Inteligencia Militar, estos grupos disponen de drones, armas de alto calibre, lanzagranadas y tecnología de rastreo. Además, se sospecha que contaban con información filtrada desde el propio Ejército, lo que facilitó la emboscada. “El poder económico de estas organizaciones puede doblegar la voluntad de un soldado”, dijo Delgado, aludiendo a una posible traición interna.
Tres días después del ataque, las Fuerzas Armadas confirmaron la muerte de alias “Compadre”, cabecilla de los Comandos de la Frontera en Ecuador.
Fue abatido durante un operativo especial en la misma zona del ataque, gracias al trabajo conjunto con agencias de inteligencia de Colombia. “Compadre” lideraba una célula armada de al menos 30 hombres, implicada en minería ilegal, extorsión y delitos transnacionales.
Su caída representó un golpe importante, pero no definitivo. La noticia del asesinato de los once soldados provocó una oleada de dolor en todo el país.
El Gobierno decretó tres días de duelo nacional y declaró héroes a los militares caídos. Sus cuerpos fueron despedidos en una ceremonia en el colegio militar Eloy Alfaro, en Quito, donde se levantó una capilla ardiente. Luego, fueron trasladados a sus ciudades de origen para ser sepultados con honores.
Los 11 militares asesinados en la emboscada en Alto Punino, Orellana, tenían entre 28 y 41 años y pertenecían a las fuerzas de élite de las Fuerzas Armadas de Ecuador.
Entre ellos estaban José Luis Iza Sánchez (28 años), teniente de Infantería; Jorge Alexander Andrade Bastidas (30 años), teniente de Inteligencia Militar; Héctor Marcelo Mullo Bravo (41 años), Sargento segundo de Ingeniería; Walter Willian Andrango Toapanta (34 años), Cabo primero de Infantería; Diego Orlando Lomas Ramírez (33 años), Cabo segundo de Infantería; y Víctor Adrián Vera Minga (32 años), Cabo segundo de Caballería Blindada.
Estos soldados, con formaciones especializadas en paracaidismo, comandos, reconocimiento de largo alcance y operaciones en la selva, pertenecían al Pelotón de Reconocimiento de la Cuarta División de Ejército.
Refuerzo militar en la Amazonía
En respuesta, el Estado desplegó más de 1.500 militares adicionales en la zona. Tropas de Fuerzas Especiales, inteligencia y grupos contraterroristas se sumaron a los patrullajes terrestres, aéreos y fluviales.
Helicópteros Fennec y Super Puma vigilan desde el cielo, mientras los soldados recorren los ríos San Miguel y Putumayo, principales rutas utilizadas por el crimen organizado entre Ecuador y Colombia.
El objetivo es claro: recuperar el control de la Amazonía, desmantelar las estructuras armadas ilegales y evitar que los responsables crucen la frontera. Alto Punino, donde ocurrió la emboscada, es un punto estratégico para la minería ilegal.
Durante años, allí han proliferado campamentos clandestinos en los que operan mafias armadas. La debilidad del Estado ha permitido que estos territorios se conviertan en zonas de nadie, donde las leyes las imponen grupos armados y el oro fluye fuera del control fiscal.
El conflicto ya no es solo entre el Ejército y bandas criminales: es una guerra silenciosa por el territorio, por los recursos y por el control social.
Pese a que los Comandos de la Frontera negaron su participación a través de un mensaje difundido en Colombia cuya autenticidad aún se investiga, las evidencias apuntan a sus vínculos con los grupos que operan en Ecuador.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por terrorismo y colabora con organismos internacionales para rastrear a los autores materiales e intelectuales. Mientras tanto, en el límite entre Orellana y Napo, el ambiente es tenso. Las operaciones continúan y el riesgo de nuevos ataques persiste.
