Editorial
Un operativo efectuado de manera conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional, en algunas ciudades del país, incluida Riobamba, para desarticular una supuesta red que ofrecía cargos públicos de alto nivel a cambio de dinero, reveló que se los subastaba hasta en $ 3 millones. Sin duda, las aduanas, era una de las instituciones como el escenario más propicio para tan millonaria subasta, como ha ocurrido históricamente en todos los gobiernos de turno.
Esta clase de corruptelas, escándalos y más sucesos de esta naturaleza, con cierta periodicidad y frecuencia los dan a conocer los medios de comunicación, Y cosa inaudita, estos periodistas investigadores son duramente perseguidos por los actores políticos de turno, muchos de estos “ilustres” protagonistas de ese tráfago de corrupción que ha enlodado la moral pública en la Asamblea, en los ministerios, en Petroecuador, Odebrecht, Singue, INA Papers, aportes ilegales en campañas políticas y un largo etcétera. Centenares de casos de peculados, delincuencia organizada, cohecho, concusión, tráfico de influencias, lavado, falsificación de firmas, asociación ilícita, protagonizados por expresidentes, ex vicepresidentes, fiscales, contralores de la nación, exministros, todo lo cual suma miles de millones de dólares en perjuicio del pueblo ecuatoriano. De hecho, solo Rafael Correa, su ex vicepresidente y su exsecretario jurídico están envueltos en 26 hechos de presunta corrupción.
Pero esta trapacería no solo se da en las altas esferas del poder político. Lamentablemente, también las hay en funcionarios de nivel medio como ocurre con la desaparición de medicinas en las farmacias de los hospitales, en la venta de licencias falsas y en todos los espacios donde es posible el funcionamiento de la “picardía criolla”.
Lo más grave del caso es que la justicia nunca o casi nunca llega para los protagonistas de alto y medio perfil porque en ambos casos están fajados de dólares y garantizados con buenos contactos.
