POLÍTICA
El jueves 7 de diciembre de 2023, y el viernes 8, estuvo marcado por un espectáculo de cruce de comunicados entre la Fiscalía y la Asamblea Nacional.
La solicitud para el inicio de un juicio político en contra de Diana Salazar, titular de la fiscalía general del Estado (FGE) promovido por la bancada de la Revolución Ciudadana y que está en trámite en la Asamblea Nacional, desató en menos de 48 horas un cruce de comunicados entre el ministerio Público y la Función Legislativa.
La noche del viernes, 8 de diciembre de 2023, la dirección de Comunicación del Parlamento difundió en el chat de prensa un escrito en el que la Asamblea cuestiona los calificativos que utilizó la fiscalía luego de que esta entidad se dio por enterada de que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó la solicitud de interpelación a Salazar.
La fiscalía tildó al trámite como una “flagrante transgresión del principio de independencia de funciones”. Lo hizo a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales el jueves 7 de diciembre.
En un comunicado señaló que el trámite de enjuiciamiento político está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), y que al CAL le corresponde la calificación formal de requisitos, lo que de ninguna manera implica -según la Asamblea- un anticipo de criterio respecto de la validez de las acusaciones planteadas por los interpelantes y que deberán ser debatidos en la Comisión de Fiscalización y eventualmente en el pleno. (SC)
