PECULADO
Con papeletas falsificadas y confianza quebrantada, Joselin S. L., excajera de la Cooperativa “Usuarios del Agua María Inmaculada” Ltda., fue sentenciada a trece años y cuatro meses de prisión, la pena máxima agravada por el delito de peculado.
Según la Fiscalía, entre abril y julio de 2022, desvió más de 21 mil dólares pertenecientes a los ahorros de once socios, manipulando documentos internos para ocultar su rastro.
Según el expediente fiscal, la entonces funcionaria utilizó su posición para realizar retiros bancarios no autorizados a nombre de los socios. Para ello, rellenaba papeletas de retiro falsas, manipulando documentos internos para hacer parecer legítimas las transacciones.
Las operaciones fraudulentas fueron ejecutadas en la agencia ubicada en Riobamba, y permanecieron ocultas durante varios meses hasta que surgieron reclamos de los afectados. La investigación concluyó que las acciones de la acusada no fueron errores administrativos, sino un patrón sistemático de apropiación de fondos.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó documentación contundente: las papeletas originales de retiro, el informe contable que refleja con precisión el monto desfalcado y el reconocimiento del lugar de los hechos. Con estos elementos, el tribunal no solo encontró a Joselin S. L. culpable, sino que aplicó la agravante contemplada en el artículo 47, numeral 14 del COIP, que sanciona con mayor severidad cuando una infracción afecta a múltiples víctimas.
Además de la condena penal, la sentencia incluye una orden de restitución del monto total desfalcado, en favor de los socios perjudicados. El delito de peculado se encuentra tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y prevé penas de entre diez a trece años de prisión.
En este caso, la afectación a varios perjudicados permitió al tribunal imponer la pena más severa dentro del marco legal. En comunidades donde el sistema cooperativo representa una de las pocas alternativas de ahorro y crédito, este tipo de casos genera una pérdida de credibilidad que puede tardar años en reconstruirse.
Aunque la sentencia representa un paso hacia la reparación, los once socios afectados enfrentan hoy las secuelas financieras. Mientras la justicia penal ha hecho su parte, ahora queda en manos de la institución recuperar la confianza de su comunidad y reforzar los controles internos que pudieron prevenir este delito.
