VIOLENCIA
Un estudio revela que la violencia de género se ha normalizado en los espacios universitarios, mientras la impunidad y la falta de respuesta institucional profundizan la vulnerabilidad de los estudiantes.
Un reciente estudio titulado “Universidades Sin Violencia de Género” ha destapado una realidad inquietante dentro de seis universidades ecuatorianas: la violencia de género no solo existe, sino que se ha normalizado en sus predios. Esta investigación, basada en encuestas realizadas a 6.896 estudiantes, muestra cifras alarmantes que revelan un entorno de discriminación, impunidad y desprotección.
De acuerdo con los datos recopilados, cuatro de cada diez estudiantes que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ han sufrido algún tipo de violencia de género. En el caso de las mujeres, esta proporción alcanza a tres de cada diez. Las manifestaciones de esta violencia van desde insultos y acoso verbal hasta chantajes, abuso de poder y solicitudes de favores sexuales a cambio de mejorar calificaciones. Los testimonios recabados indican que tanto profesores como compañeros son partícipes de estas prácticas, que incluyen tocamientos no consentidos y comentarios ofensivos sobre la apariencia o vestimenta de las víctimas.
La investigadora a cargo del estudio señala que, a pesar de la gravedad de estos actos, el entorno universitario tiende a minimizar o incluso justificar las agresiones. “Hay una percepción muy extendida de que ciertas actitudes son culpa de la víctima, especialmente cuando se trata de mujeres o personas LGBTIQ+”, advierte.
El informe evidencia que tres de cada diez estudiantes justifican el acoso por la forma de vestir de la víctima; siete de cada diez creen que la violencia se debe al consumo de drogas por parte del agresor; y nueve de cada diez atribuyen estos comportamientos a problemas psicológicos del victimario, eximiendo así de responsabilidad a las instituciones.
Además de la violencia, el estudio denuncia la falta de mecanismos eficaces de prevención y atención. Seis de cada diez estudiantes consideran que las universidades son espacios inseguros, y siete de cada diez aseguran que sus denuncias no reciben seguimiento. Peor aún, ocho de cada diez creen firmemente que las autoridades universitarias prefieren silenciar los casos para proteger la imagen institucional antes que proteger a las víctimas.
Aunque varias universidades han implementado protocolos de actuación, estos procedimientos muchas veces no se aplican de manera efectiva o carecen de celeridad.
Estudio revela que universidades son espacios inseguros para mujeres y diversidades sexuales.
Protocolos sin soluciones
En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Espoch), por ejemplo, cada caso reportado debe ser evaluado por un Comité, el cual también tiene la responsabilidad de brindar atención psicológica y asesoría legal a la víctima. No obstante, el proceso puede extenderse, a pesar de que la normativa establece un plazo máximo de 30 días para su resolución.
La Universidad Central, por su parte, ha diseñado un protocolo que incluye el alejamiento del agresor del entorno de la víctima, así como la imposibilidad de que este evalúe a su denunciante, una medida que busca prevenir el chantaje o represalias académicas.
En los casos más graves, como aquellos que constituyen delitos sexuales, se remite la documentación a la Fiscalía para su investigación penal. Sin embargo, el propio estudio revela que estos esfuerzos aún son insuficientes.
La falta de información entre los estudiantes, el miedo a las represalias y la desconfianza hacia las instituciones desalientan las denuncias. “Hay una cultura del silencio que favorece al agresor y castiga a la víctima”, señala el informe.
Las universidades tienen en sus manos la responsabilidad de formar profesionales íntegros, pero también de ser espacios seguros, libres de violencia y discriminación.
