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Este domingo, los venezolanos se preparan para un momento crucial en su historia política. Después de 11 años de boicot electoral, la oposición ha decidido participar en las elecciones presidenciales, enfrentando al actual presidente Nicolás Maduro y su régimen chavista, que ha mantenido el poder durante un cuarto de siglo. La importancia de estos comicios no puede subestimarse, ya que marcarán el primer enfrentamiento electoral significativo entre el chavismo y una coalición opositora desde 2013.

En las elecciones de 2018, Maduro se presentó prácticamente sin oposición, ya que la mayoría de los partidos rivales boicotearon los comicios por la falta de garantías. Sin embargo, en esta ocasión, las fuerzas antichavistas lograron un acuerdo a pesar de la inhabilitación de su candidata principal, María Corina Machado. Machado, conocida por su postura firme y alejándose de la retórica populista de figuras como Milei o Bolsonaro, ha sido fundamental en la campaña de su sustituto, Edmundo González Urrutia, un diplomático con amplia experiencia.
La participación de la oposición bajo condiciones desfavorables es el segundo aspecto significativo de estas elecciones. El chavismo controla gran parte de la maquinaria del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, el régimen ha bloqueado la candidatura de Machado y ha excluido a su suplente, Corina Yoris. La campaña opositora ha enfrentado acoso constante, con decenas de detenciones de asesores y trabajadores. La observación internacional también ha sido limitada, restringiéndose a delegaciones de gobiernos aliados como China y algunos organismos independientes con capacidades de fiscalización reducidas.

A pesar de estas dificultades, las encuestas indican una ventaja clara para la oposición. Sin embargo, no se debe subestimar el arraigo del movimiento bolivariano y la fidelidad de amplios sectores sociales que han sido beneficiarios de ayudas y subsidios. Además, la mejora económica experimentada en los últimos años podría influir en los resultados electorales. El gobierno, por su parte, se muestra reacio a considerar públicamente una posible derrota, aunque algunos funcionarios, incluido el hijo de Maduro, han sugerido que estarían dispuestos a entregar el poder si pierden.
El clima es de máxima tensión. En los últimos días, Maduro ha mostrado signos de nerviosismo ante los emplazamientos de figuras de la izquierda regional, como el brasileño Lula da Silva y el expresidente argentino Alberto Fernández, quienes han insistido en que debe aceptar los resultados en caso de perder. Maduro respondió retirando la invitación a Fernández como observador.
El chavismo teme una participación masiva y hará lo posible para evitarla, al igual que ha hecho para obstaculizar el derecho al voto de millones de migrantes. Según la ONU, solo 69,000 de los aproximadamente cinco millones de venezolanos en el extranjero con derecho a voto lograron registrarse. Sin embargo, si todas las voces democráticas, tanto dentro como fuera de Venezuela, exigen a Maduro que acepte los resultados si pierde, la oposición también debe estar dispuesta a aceptar cualquier resultado, siempre que no se demuestren irregularidades en el proceso de votación.
Un precedente importante es el reconocimiento por parte del gobierno de Maduro de la derrota en las elecciones parlamentarias de 2015, aunque posteriormente la justicia controlada por el oficialismo despojó a la Asamblea Nacional de sus competencias. En esta ocasión, la situación es aún más compleja, ya que una victoria opositora podría desencadenar una larga y difícil transición, llena de incógnitas sobre el futuro de Maduro y su círculo cercano, quienes enfrentan procesos en el Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, la alternancia es esencial para cualquier sistema democrático, y el mundo entero estará atento a los acontecimientos en Venezuela.
Este domingo, los venezolanos tienen la oportunidad de decidir su futuro en una elección que promete ser histórica. Independientemente del resultado, la participación y el respeto por el proceso democrático son fundamentales para avanzar hacia un país más justo y próspero.