Por: Kleber Mantilla
Las movilizaciones sociales en escalada y un paro indígena disperso durante el Gobierno de Daniel Noboa, podrían ser recordados como un documental macabro de sucesos absurdos polarizados de nuestra historia. Un escenario complejo, confrontativo, antagónico y radical que parte de visiones contrapuestas y caprichos egoístas; históricamente no resueltos, ni superados: la retórica oficialista de enfrentarse al narcotráfico y la minería ilegal, a través de la eliminación del subsidio al diésel sin diálogo para perforar el portafolio de economías criminales. Capítulo tercero de paros: del incremento del costo de la vida, ante una medida antipopular establecida en los acuerdos de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cosa que resucita zombis malolientes de los cementerios.
A diferencia de los paros de 2019 y 2022, el epicentro de las movilizaciones dejó de ser Quito y se trasladó, desde un comienzo a las provincias de Cotopaxi e Imbabura. Una batalla campal de apoyo y rechazo bipolar que se difundió digitalmente por las redes sociales con virulencia. Vino el cierre de vías, el desabastecimiento de combustibles, la destrucción e incendio vandálico de un destacamento policial en Otavalo; el cambio de la cúpula del Ejército, el apresamiento de manifestantes y su traslado a una cárcel donde concluía una masacre de reos; el ataque a un convoy militar, el asesinato del indígena Efraín Fuerez y el secuestro de varios militares. ¿Mezcla de racismo, miedo y ‘terrorismo’?
El ministro del Interior, John Reimberg, en la cadena estadounidense CNN decía que comenzaron las investigaciones por vandalismo y negó un video delator donde se visualiza la agresión de militares contra un comunero moribundo y otra persona que lo asiste. ¿Crimen de Estado? ¿Delito de lesa humanidad? ¿Logran dimensionar lo ocurrido? ¿Sabe la vicepresidenta María José Pinto el destino de su extrabajadora, esposa de Fuerez? A río revuelto, el correísmo pesca los errores oficiales; y, busca fraccionar a las organizaciones indígenas a su favor. Figuras nefastas se ofrecían de intermediarios y conciliadores. El mismo exabogado de Rafael Correa, Fausto Jarrín, recorría Ibarra.
Sobre la marcha del caos surrealista e inacabado, el Gobierno de Noboa pretende llegar a una consulta popular e iluminar una Asamblea Constituyente que entierre la Carta de Montecristi, la del apogeo del correísmo. Todo, mientras millones de ciudadanos esperamos su plan de país social, económico y político del futuro inmediato. Un voto sí, un voto no.
