Por: Pablo Granja
Las elecciones de este año, fueron una prolongación de lo que ocurre desde 2007: violencia verbal, amenazas, propaganda nociva, violentos hablando de paz y unidad, glosados hablando de transparencia. Es indispensable que el país, fracturado a golpes, restaure las heridas.
Está vigente la discusión sobre la necesidad de desmontar la Constitución de Montecristi, que es donde se engendró el virus que en dosis letales inoculó el germen de la impunidad, y del sistema orgánico actual que convierte lo indebido en cotidiano. Como parte de una estrategia de desgaste moral, se eliminaron los filtros para los candidatos de elección popular; logrando que los partidos acojan esta herencia trágica de irresponsabilidad con el país, y nos impongan candidatos a ciudadanos descalificados. La investigación periodística liderada por Fundamedios, concluye que en las últimas elecciones, 236 de los 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional tenían o habían tenido procesos penales que van desde la estafa, la delincuencia organizada y asesinato. Además, 733 con declaraciones tributarias pendientes y 153 con deudas con el fisco.
Con esta alcahuetería, ¿qué respetabilidad pueden inspirar candidatos, autoridades y los partidos que auspician a personas glosadas? ¿Será que por eso cubren con violencia lo que no pueden exhibir con decencia? ¡No les importa que se pierda la fe cívica! ¡Solo les interesa la impunidad!
La reestructuración constitucional es una necesidad urgente e inaplazable; sin embargo, voces calificadas advierten que una Asamblea Constituyente sería la vía menos adecuada, por riesgosa, larga y costosa. Riesgosa porque sin una rectificación de las condiciones para ser asambleístas podrían entrar más de los mismos; larga y costosa, porque el proceso requiere de tres instancias: 1) Un referendo que apruebe la convocatoria a una nueva Constituyente; 2) Elecciones para escoger a los asambleístas constituyentes; y, 3) Otro referendo para aprobar el nuevo texto Constitucional.
La solución más práctica, económica y rápida podría darse por dos vías: la aprobación de reformas por parte de la próxima Asamblea, en que el Ejecutivo tendrá mayoría. La segunda alternativa sería que el Presidente proponga las enmiendas y luego convocar a un referendo de aprobación. El objetivo claro es desmontar las estructuras perniciosas de la Constitución de Montecristi, limitar el número de legisladores, regresar a la división del Estado en tres poderes y no en cinco, entre otras reformas. Al respecto, por impulso del Dr. Orlando Amores, la Corte Constitucional emitió el Dictamen 7-19-RC-19, el 5 de noviembre de 2019, aprobando la pertinencia de estas y otras inquietudes. Sería importante que el presidente Noboa analice si es factible conjugar este Dictamen con su anuncio de acometer las reformas que la ciudadanía espera y reclama.
El país necesita de una reconciliación interna, que no es ni debe ser un “borra y va de nuevo”. ¡Necesita de unidad, pero sin impunidad!
