Por: Beatriz Viteri Naranjo
A pesar de los avances legislativos y académicos en materia de derechos humanos, el acoso sexual y la discriminación persisten en los espacios universitarios del Ecuador; esos entornos, que deberían ser seguros y formativos, muchas veces se convierten en focos de violencia de género y exclusión; por ello, la protección oportuna de los derechos de estudiantes es, por tanto, una urgencia ética, legal y social que demanda compromiso institucional y voluntad política.
La Constitución del Ecuador prohíbe toda forma de discriminación, incluida la basada en el sexo, identidad de género y orientación sexual; reconoce el derecho a una vida libre de violencia, especialmente para mujeres y personas en situación de vulnerabilidad; garantiza el debido proceso en todas las instancias administrativas y judiciales: así como, reconoce el derecho de las víctimas a la protección, reparación integral y garantías de no repetición.
La Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, establece como principio fundamental del sistema de educación superior, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la erradicación de toda forma de violencia, incluida la basada en género; en concordancia con los fines que persigue esta ley, en cuanto a promover la formación integral con enfoque de equidad de género, derechos humanos y construcción de una sociedad justa; y determina las obligaciones de las instituciones de educación superior, que deben garantizar un entorno libre de violencia, discriminación y acoso.
La LOES, también establece, que los estudiantes tienen derecho a: un ambiente de estudio libre de acoso y violencia; ser protegidos contra cualquier forma de discriminación o violencia basada en género, orientación sexual, identidad de género u otra condición; y, para ello, se contempla un régimen disciplinario que las instituciones deben contar con reglamentos internos que tipifiquen y sancionen las faltas contra la integridad y dignidad de las personas, incluyendo el acoso sexual o cualquier forma de violencia de género.
Una de las reformas realizadas a la LOES, refuerza la obligación de las universidades de contar con protocolos y mecanismos efectivos de prevención, atención, seguimiento y sanción del acoso y la violencia basada en género; se establece la necesidad de capacitar permanentemente al personal docente y administrativo en enfoque de género y derechos humanos.
La LOES reconoce la violencia de género como una problemática seria en el entorno universitario y obliga a las instituciones a garantizar espacios seguros, con mecanismos preventivos y sancionadores efectivos. Además, vincula estos derechos con la formación ética y ciudadana de la comunidad universitaria.
Son pocas las denuncias formales en comparación con la magnitud real del problema, debido a que los casos reportados tardan mucho en resolverse o terminan en la impunidad, ello ya crea un precedente para que las víctimas decidan no someterse a un proceso en el que muchas veces son revictimizadas, estigmatizadas o silenciadas.
Los resultados de una investigación pueden generar una mejor comprensión de la magnitud, las causas y las consecuencias de este problema; pero, las víctimas no quieren, ni merecen ser solo un número en las estadísticas, necesitan una atención real y oportuna.
El impacto del acoso y la discriminación en la vida académica desencadena una serie de consecuencias psicológicas, sociales y académicas para las víctimas, con especial énfasis en mujeres, personas LGBTIQ+, y estudiantes de comunidades indígenas o afrodescendientes.
Es fundamental romper el silencio ante el acoso y la violencia de género en las aulas universitarias porque estas situaciones tienen un impacto devastador en la salud mental y el rendimiento académico de las víctimas, además de perpetuar una cultura de impunidad. Levantar la voz y denunciar estos actos es prioritario para crear entornos universitarios seguros y respetuosos, donde se promueva la igualdad y se proteja a los estudiantes.
Garantizar la integridad de quienes se encuentran en los espacios universitarios, no solo es una cuestión de justicia, sino de calidad educativa. Un aula donde se infunde miedo, desigualdad o impunidad, no puede formar profesionales comprometidos con la transformación social; se requiere espacios donde todas las personas puedan aprender y crecer sin temor, en el marco del respeto a su dignidad humana.
