POLÍTICA
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha dictado una severa sanción contra los consejeros de la denominada ‘Liga Azul’ del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), tras hallarlos culpables de infringir la normativa electoral al realizar proselitismo político.
La decisión, emitida la noche del pasado martes 3 de septiembre, determina la destitución de Augusto Verduga y Yadira Saltos, consejeros principales del Cpccs, así como de Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, quienes ocupaban cargos como consejeros suplentes. Además, se les suspenderá los derechos políticos por un período de cuatro años. La resolución del TCE se basa en la aceptación de una denuncia presentada por el Observatorio de Control Ciudadano, que evidenció el apoyo explícito de la organización correísta Revolución Ciudadana (RC) a los involucrados durante las elecciones de 2023.
El TCE encontró que los consejeros cometieron una infracción electoral muy grave al promover sus candidaturas con la colaboración activa del correísmo, contraviniendo la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que prohíbe a partidos o movimientos políticos intervenir en las campañas de candidatos para el Cpccs.
Entre las pruebas presentadas, se incluyeron imágenes y videos en los que se observaba a los consejeros haciendo campaña utilizando los colores del correísmo y participando en eventos junto a figuras destacadas como el expresidente Rafael Correa. Augusto Verduga había sido mencionado como posible candidato del correísmo para futuras elecciones presidenciales, mientras que Eduardo Franco Loor, quien ha mantenido cercanía con la RC, es conocido por su rol como abogado de Jorge Glas y sus vínculos con Luisa González.
Como parte de la sanción, la ‘Liga Azul’ deberá pagar una multa equivalente a 70 salarios básicos unificados. Los consejeros destituidos deberán abandonar sus cargos, y la resolución también contempla la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.
Los afectados tienen la opción de apelar la decisión en un plazo de tres días a partir de la notificación. La apelación deberá ser resuelta en un plazo máximo de 10 días desde su admisión. Mientras tanto, la sentencia deberá ejecutarse una vez que se haya vuelto definitiva.
