POLÍTICA
La Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 10 personas por su presunta participación en el delito de distribución ilegal de combustible, dentro del denominado caso Triple A. La audiencia de vinculación, presidida por el juez Renán Andrade, se instaló este martes.
El proceso se desarrolla en medio de tensiones. La ausencia del abogado defensor de Álvarez motivó al juez a imponerle una multa equivalente a dos salarios básicos. Ante esta situación, el burgomaestre expresó su inconformidad por haber sido representado de forma provisional por un defensor público.
La investigación, que se remonta a julio de 2024, se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se señalaban posibles irregularidades en la comercialización de gasolina. En la indagación participaron entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), que aportaron con informes clave para sustentar la acusación.
De acuerdo con la Fiscalía, el caso involucra a cinco personas naturales y cinco empresas, a quienes se relaciona con la suscripción de tres contratos entre 2021 y 2022, firmados por Álvarez en su calidad de presidente de la empresa Copedesa S.A., con varias estaciones de servicio.
Los informes revelan que en 2023, ciertas estaciones habrían vendido volúmenes de diésel superiores a su capacidad de almacenamiento legalmente autorizada, lo que encendió las alertas de las autoridades.
La audiencia continuará este miércoles 10 de abril, día en el que el juez Andrade deberá decidir si acepta la vinculación formal de Álvarez al caso y, de ser así, establecer las medidas cautelares que le corresponderían. Entre las posibles disposiciones están la prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica ante una autoridad o la prohibición de salida del país.
