En un procedimiento abreviado un total de catorce personas han sido sentenciadas por su vinculación con una red criminal dedicada a la obtención ilícita de resoluciones judiciales. Entre los sentenciados se incluyen figuras de relevancia, como el abogado Javier Enrique Guananga Cando, quien aceptó su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y fue condenado a 28 meses de prisión.
En la audiencia, el fiscal general del Estado, Wilson Toainga, detalló cómo la red operaba desde 2022, manipulando procesos judiciales a cambio de pagos por la liberación de personas privadas de libertad. Guananga Cando, quien trabajaba como abogado en libre ejercicio, recibió pagos por aproximadamente 1.523,98 dólares, además de otros 27.986 dólares provenientes de familiares de los detenidos a cambio de su intervención para otorgar impunidad a los involucrados.
El tribunal también determinó que, como parte de su condena, Guananga deberá pagar una multa de 5.520 dólares y una reparación integral de 23.734 dólares. Además, se le impuso la obligación de ofrecer disculpas públicas y colocar una placa conmemorativa en el Colegio de Abogados de Riobamba, como parte de la sanción personal.
En paralelo, el 28 de febrero, otro de los involucrados, el exjuez Byron Michael Orejuela Giler, aceptó también su responsabilidad por su participación en la organización criminal. Orejuela fue condenado a 36 meses de prisión tras admitir que otorgó libertades ilegales a miembros de la red “Los Lobos”, a cambio de beneficios económicos.
Su condena incluye el pago de una multa similar a la de Guananga y la publicación de una disculpa pública en un medio de comunicación nacional, además de una placa en la Unidad Judicial Multicompetente de Flavio Alfaro, donde prestaba sus servicios.
