DENUNCIA
En el Hospital Provincial General Docente de Riobamba, médicos, técnicos y personal administrativo enfrentan despidos masivos sin justificación oficial. Denuncias señalan que, estas desvinculaciones responden a intereses políticos y a irregularidades en la gerencia, creando un ambiente de desconfianza que amenaza la calidad de la atención médica en toda la provincia.
Mientras la dirección del hospital mantiene un silencio oficial, múltiples testimonios y documentos exponen una administración plagada de arbitrariedades, falta de recursos y presuntos actos de corrupción.
“Solo nos llegó un memorando que decía que trabajábamos hasta el 30 de junio. Nadie explicó nada, lo único claro es que somos parte de una lista, y que no somos los únicos”, señaló un médico que será desvinculado, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.
Varios excolaboradores aseguran que sus contratos de servicios ocasionales o con nombramientos fueron finalizados pese a tener evaluaciones favorables y desempeños constantes. En algunos casos, las desvinculaciones ocurrieron mientras aún estaban en uso de sus vacaciones, y sin haber recibido advertencia previa.
Mediante una entrevista a nuestro medio, un médico relató que mientras seguía laborando, su puesto fue publicado en una plataforma de empleos. Semanas después, fue cesado por “falta de recursos presupuestarios”, a pesar de que su plaza había sido abierta para nuevos postulantes. “Me dijeron que no había presupuesto para pagar mi plaza.
Pero si eso fuera cierto, ¿por qué la estaban ofertando nuevamente en la plataforma? Todo fue muy confuso y poco transparente”, indicó. Médicos y trabajadores señalan que los reemplazos ya estarían definidos de antemano, como parte de un supuesto reparto de cuotas políticas.
Además, aseguran que se estarían simulando concursos de méritos y oposición con perfiles ya seleccionados. A los despidos se suma una crítica situación operativa. Radiología, uno de los servicios más afectados, funciona con equipos obsoletos e insumos mínimos.
Un ecógrafo dado de baja desde 2021 continúa en uso, mientras que los tomógrafos carecen de inyector para pruebas contrastadas, lo que obliga a derivar pacientes a servicios privados, encareciendo la atención.
En la farmacia del hospital, escasean antibióticos, medicamentos psiquiátricos, anticonvulsivos e insumos básicos para cirugías. Los reportes de fallas en infraestructura como tuberías rotas y equipos de rayos X que operan intermitentemente han sido reiterados en informes internos.
Una de las médicas desvinculadas indicó que el director médico ha incurrido en constantes faltas de respeto, especialmente hacia mujeres profesionales, generando un ambiente laboral “intimidante y denigrante”.
“Nos grita frente a pacientes, nos graba con su celular, nos expone. Ya no podíamos trabajar tranquilas”, afirmó. “Nos están reemplazando por personas sin experiencia, que responden a intereses políticos. Esto no es eficiencia, es un retroceso en la salud pública”, mencionó otra médica.
El 12 de junio, se envió un memorando formal al Ministro de Salud Pública, solicitando su intervención urgente para frenar los despidos y auditar las decisiones administrativas en el hospital. El documento detalla los nombres de las autoridades responsables, los procedimientos presuntamente irregulares y la afectación a los servicios.
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio no ha emitido ninguna respuesta ni comunicado público al respecto. Los profesionales afectados temen que el silencio sea una señal de que el proceso continuará sin control ni supervisión.
