POLÍTICA
El proyecto, que probablemente será vetado por el Ejecutivo, plantea entregar a la Defensoría del Pueblo la potestad de recibir los reclamos por los incumplimientos de la normativa.
Las reformas a la Ley de Comunicación aprobadas por la Asamblea están rodeadas de críticas. El informe de minoría que derivó en estas reformas se aprobó casi sin debate y, según han dicho los mismos asambleístas, incluso sin su lectura. La propuesta ha generado malestar en el Ejecutivo, no solo porque estas reformas se dan después del archivo de su propuesta de Ley para la Libertad de Expresión. Sino también por su contenido, pues la han calificado de una nueva “ley mordaza”.
La Ley de Comunicación está vigente desde 2013, promulgada durante el gobierno de Rafael Correa. La norma generó muchísima crítica internacional, por ser una herramienta en contra de la libertad de expresión. En 2019, por iniciativa del entonces presidente Lenín Moreno, la Asamblea la reformó y eliminó la figura más polémica: la Superintendencia de Comunicación, con capacidad sancionatoria sobre medios y periodistas. Ahora, esta nueva propuesta (que nace del correísmo y de la Conaie, a través de Pachakutik) buscaría revivir algunos de los temas que quedaron por fuera de la ley en 2019. Es por ello que incluso el Gobierno analiza la posibilidad de un veto total. Pero, un veto total no soluciona el problema para siempre. Dentro de un año, la Asamblea podría volver a tratar la propuesta tal como fue aprobada. Algo que sería posible si la correlación de fuerzas legislativas se mantiene.
El informe de minoría que la Asamblea aprobó, con 75 votos (de UNES, Pachakutik e independientes), fue propuesto por la asambleísta correísta Marcela Holguín. Según explicó a la prensa, incluye también varias de las propuestas de un proyecto presentado por Dina Farinango y Ángel Maita (Pachakutik), quienes recogieron los planteamientos de la Conaie. Este texto aprobado es diametralmente opuesto al que proponía el Ejecutivo. La iniciativa de Lasso buscaba ir hacia una auto regulación de medios y periodistas, y reducía al mínimo el papel del Consejo de Regulación de la Comunicación.
Fuente: Primicias ec
