LEYES.
En la sesión N.° 950, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 82 votos a favor, un informe crítico sobre el seguimiento a las acciones del Gobierno frente a los eventos ocurridos en el cantón Alausí. Este informe detalla serias falencias en la gestión de riesgos y atención a emergencias tras el deslave del 26 de marzo de 2023, que afectó gravemente a los habitantes de la zona.
El informe subraya la ausencia de una estrategia integral para la gestión de riesgos en el país. Durante las comparecencias, representantes del Ejecutivo admitieron no contar con una hoja de ruta definida para prevenir desastres, argumentando que aún se encuentran en el proceso de socialización de la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, vigente desde el 30 de enero de 2024.
En cuanto a la rehabilitación de la vía E35, vital para la conectividad en la región, se concluyó que tanto el Gobierno anterior, liderado por Guillermo Lasso, como el actual, bajo la administración de Daniel Noboa, incumplieron con sus responsabilidades constitucionales. Los titulares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tomaron medidas efectivas para solucionar el problema, dejando a los habitantes de Alausí en una situación de vulnerabilidad.
La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, solicitó a diversas instituciones estatales, incluyendo la Secretaría de Gestión de Riesgos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, presentar un informe detallado en un plazo de 15 días. Este informe deberá abarcar las acciones realizadas en relación con el deslave y las medidas tomadas para garantizar los derechos de la población afectada.
Además, el Pleno dispuso que el informe aprobado sea remitido a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para investigar posibles responsabilidades administrativas y penales, ya sea por acción u omisión, en la gestión del desastre.
Los habitantes de Alausí continúan a la espera de acciones concretas que restituyan su calidad de vida y prevengan futuras catástrofes en un cantón que, hasta ahora, parece haber sido olvidado por las autoridades.
