El proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, enviado por el presidente Lenín
Moreno el pasado 16 de abril, fue aprobado ayer sábado en la Asamblea Nacional, con 72
votos a favor. La iniciativa establece límites al gasto y la deuda pública, la creación de un
fondo fiscal y de un comité fiscal, una mejor articulación entre las instituciones del Estado,
entre otros aspectos.
Durante el debate y análisis de la norma, legisladores de diferentes bloques plantearon
observaciones que fueron acogidas en el informe final de la Comisión de Régimen Económico.
Para la asambleísta Ana Marín (Alianza PAIS), dichas incorporaciones refuerzan la autonomía
de las entidades de la seguridad social. Además, limitan las atribuciones del Ministerio de
Economía y Finanzas en torno a estas instituciones y a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD).
El segundo debate del proyecto se efectuó el viernes 15 de mayo. Y, con los cambios
incorporados, el Parlamento dio paso a la normativa que tuvo el respaldo de diferentes
sectores. Precisamente, de forma previa a la votación, varios actores se pronunciaron en
torno a la necesidad de que el país cuente con esta ley. Por ejemplo, la Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas (AME) destacó que, con la norma, los cabildos podrán planificar y priorizar su gasto. Asimismo, Pablo Lucio Paredes, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, destacó -a través de su cuenta de Twitter- que ahora, se ponga un techo al gasto público.
En la misma red social, el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, explicó que -si este texto no era aprobado por el Legislativo- las consecuencias para el país serían negativas. Por citar un caso, detalló que (después del año 2021), el techo de la deuda hubiera tenido que regresar del 70%, al 40% del Producto Interno Bruto (PBI). Y esto, según manifestó, se habría vuelto “inmanejable”. En cuanto al acceso a financiamiento internacional, la ley permitirá que el Ecuador acceda a USD 4.200 millones, más otros USD 6.000, provenientes de organismos multilaterales.
Esta alternativa también se enmarca en los acuerdos que el Gobierno Nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese marco, Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, señaló que la normativa es clave para mantener el apoyo de la comunidad financiera internacional. Y en igual sentido, se pronunció la Cámara de Industrias y Producción (CIP), “Ecuador, más que nunca, necesita orden y disciplina fiscal para mantener y fortalecer su credibilidad en el mundo para tener apoyo de capitales extranjeros”.
De su lado, Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), resaltó la importancia de tener un fondo de ahorros que permita, en un futuro, enfrentar crisis como la generada a causa del COVID-19.
Asimismo, Carlos Larreategui, canciller de la Universidad de las Américas, rechazó que la ley viole la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Otros puntos esenciales del proyecto son la conformación de un Comité de Coordinación Fiscal para el seguimiento de las reglas fiscales y la creación de un fondo de ahorro para contingencias.
