El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional convocó este 2 de enero a una sesión extraordinaria del Pleno para resolver sobre la licencia sin remuneración de los legisladores que busquen la reelección en los comicios de 2025. La convocatoria se produce a tan solo dos días del inicio oficial de la campaña electoral.
En una resolución aprobada por el CAL, se dispone que la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, convoque de inmediato al Pleno para que, en calidad de máximo órgano de decisión, determine si los funcionarios públicos de elección popular que se postulen para su reelección deben acogerse a esta licencia, como lo establece el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral Código de la Democracia.
Según dicho artículo, los dignatarios de elección popular pueden reelegirse una sola vez, de manera consecutiva o no, para el mismo cargo. Además, establece que aquellos que busquen una reelección inmediata deben hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral.
En este contexto, la presidenta de la Asamblea convocó a la sesión del Pleno para el sábado 4 de enero a las 19:00, que se realizará de forma virtual. Sin embargo, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, aclaró horas antes que no existe obligatoriedad de pedir licencia en el caso del presidente Daniel Noboa, ya que no se trata de una reelección. Según el Gobierno, este mismo criterio debería aplicarse a los asambleístas, quienes, de no acatarlo, podrían estar postulándose para un tercer periodo.
En la misma sesión, el Pleno también abordará la propuesta de declarar el 8 de diciembre de cada año como día de luto nacional, en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida en Las Malvinas, donde desaparecieron cuatro niños en 2024 y cuya muerte fue confirmada por la Fiscalía.
Por otro lado, el CAL resolvió que el receso parlamentario se extenderá desde el 8 de enero hasta el 22 del mismo mes. Durante este periodo, se suspenderán los plazos para los trámites ordinarios relacionados con la aprobación de leyes, juicios políticos, reformas a la Constitución y otros procesos legislativos, aunque las actividades administrativas continuarán.
