PROTESTAS
Organizaciones indígenas y sociales de Napo bloquearon este 3 de diciembre las principales vías que conectan Archidona con Tena, Quito y Orellana, como medida de protesta para exigir al presidente Daniel Noboa la suspensión de la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en el cantón.
“Le damos al Gobierno 24 horas para que detenga este proyecto. De lo contrario, radicalizaremos nuestras acciones y ejerceremos nuestro derecho a la resistencia”, afirmó Amada Grefa, alcaldesa de Archidona, luego de la manifestación que inició el 3 de diciembre de 2024. La funcionaria asegura que la obra no cuenta con consulta previa, libre e informada, como lo establece la ley.
El proceso de contratación para esta nueva cárcel se lanzó el 25 de noviembre de 2024. Está a cargo del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
El proyecto, que contempla una inversión de USD 51 millones, incluye la ampliación del centro penitenciario existente, situado a cinco minutos del área urbana de este cantón de Napo.
Según el cronograma, su adjudicación está prevista para el 9 de diciembre y la ejecución tomaría 300 días.
“No estamos en contra de los proyectos del Gobierno, pero no deben afectar nuestra tranquilidad. Esta cárcel traerá narcotráfico, trata de personas e inseguridad”, aseguró José Toapanta, prefecto de Napo.
Lorena Tapuy, residente del barrio Santa Elena, comparte este temor: “Si ya da miedo cuando se fugan los presos de esta cárcel, no quiero imaginar lo que será con delincuentes más peligrosos”.
Además, aseguran que la construcción amenaza a las instituciones educativas cercanas, a las que acuden más de 3.000 estudiantes. Las autoridades también creen que la cárcel podría afectar al turismo, que representa el 90% de la economía del cantón.
Archidona se prepara para recibir en abril de 2025 el reconocimiento de GeoParque Napo-Sumaco por parte de la UNESCO, un logro que temen se vea opacado por el proyecto carcelario.
