Capacitaciones a juezas y jueces sobre reformas al COIP

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El Consejo de la Judicatura capacita a juezas y jueces en reformas al Código Orgánico Integran Penal (COIP), en materia de violencia contra las mujeres.

Consejo de la Judicatura (CJ), a través de la Escuela de la Función Judicial y de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, desarrolló, desde el 23 de junio de 2020, el Curso de Formación Continua Módulo Procedimental “Reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, en Materia de Violencia contra las Mujeres.

Esta capacitación se da en el marco de las reformas al COIP, cuyo texto se aprobó por la Asamblea Nacional, en diciembre de 2019 y entró en vigencia el 21 de junio de 2020.

En este proceso académico a través de medios telemáticos, participaron 100 juezas y jueces de todo el país.

La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, ratificó el compromiso de la institución para enfrentar la violencia contra las mujeres.

Explicó que el objetivo de la capacitación es que los operadores de justicia desarrollen habilidades, destrezas y conocimientos.

Y con ello, garantizar la protección de los derechos de las mujeres.

“Las juezas y jueces del país, fortalecerán sus conocimientos en cuanto al procedimiento especial, unificado y expedito”, señaló.

También Maldonado destacó el interés y el compromiso de los participantes en este encuentro.

Además, recordó que, a través de la historia, las mujeres han luchado contra distintas formas de discriminación y violencia ejercidas en su contra.

Además, indicó que la formación de los administradores de justicia, se realiza como parte de los ejes de “Fortalecimiento institucional, a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales”; y, de “Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres”.

Los expositores, Solanda Goyes, directora de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ y el juez, Walter Chicaiza, abordaron temas como: la competencia en delitos sexuales, el procedimiento especial y expedito, medidas de protección y la suspensión de la sustanciación del proceso.

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