CASO
El Tribunal Anticorrupción de Quito sentenció a Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, a 10 años de prisión por su participación en una red de delincuencia organizada. La decisión fue anunciada el 20 de noviembre de 2024, tras una audiencia telemática que culminó con la resolución a favor de la acusación presentada por la Fiscalía.
Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), también fue condenado a nueve años y cuatro meses de prisión. Ambos deberán pagar una reparación integral de 682.188 dólares cada uno, según lo dispuesto por el Tribunal. Además, se ordenó la retención de bienes y recursos en cuentas bancarias para garantizar el cumplimiento de la medida.
Un esquema criminal estructurado
De acuerdo con el fallo, Carrera, de 83 años, cumplirá la sentencia en un centro de privación de libertad, descontándosele el tiempo pasado en arresto domiciliario. El Tribunal fundamentó su decisión en documentos, seguimientos y transcripciones que evidenciaron la existencia de una estructura jerárquica en la que Carrera ocupaba un rol de liderazgo.
Según las investigaciones, Carrera y el fallecido Rubén Cherres se habrían beneficiado de los cargos ocupados por Hernán Luque y Antonio Icaza en empresas públicas para direccionar millonarios contratos a favor de un grupo de empresarios. Aunque el caso involucraba a otros cinco procesados, ellos permanecen prófugos y no pudieron ser juzgados. Prófugos de la justicia
Entre los implicados que aún no enfrentan la justicia están:
- Hernán Luque, expresidente de EMCO, quien estaría en Argentina.
- Leonardo Cortázar, empresario.
- Nain Massuh, empresario.
- Karen Cornejo, empresaria.
- Ericka Farías, empresaria.
A pesar de las órdenes de prisión preventiva en su contra, la ley ecuatoriana impide que sean juzgados en ausencia por este delito.
El origen del caso
La investigación comenzó en enero de 2023, tras la publicación de audios por el medio ‘La Posta’, en los que se evidenciaba la operación de una supuesta red criminal dedicada a manejar contratos en el sector eléctrico ecuatoriano.
Posteriormente, la Fiscalía llevó a cabo allanamientos y vinculó a los implicados en un proceso que derivó en la acumulación de otras investigaciones, como el caso “León de Troya”. Según el Ministerio Público, esta red tenía la capacidad de intervenir en instituciones públicas clave, incluyendo CNEL EP, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas.
Aunque el proceso contra Carrera e Icaza llegó a una sentencia, las autoridades enfrentan el reto de localizar a los prófugos para garantizar que todos los involucrados enfrenten las consecuencias legales. Mientras tanto, este caso continúa siendo un símbolo de los esfuerzos por combatir la corrupción en las altas esferas del poder en Ecuador.
