Franklin Cepeda Astudillo
Los reveses jurídicos que la Universidad Nacional de Chimborazo ha tenido en los últimos años se suma el derivado del juicio planteado por la Dra. Mirella Vera, docente que, –como ha quedado palmariamente demostrado–, no ha hecho más que actuar en pleno apego a su derecho a la libertad de expresión, en un país en el que ningún reglamento, por artificioso que fuera, puede estar por encima de la ley y la Constitución. El proceso, una vez que la sentencia llegue a cumplirse en cabal ceñimiento a su espíritu y letra, reclama ser inscrito en los anales de la historia institucional como lo que es: un grave precedente a observarse y asumirse a los fines de sentar jurisprudencia y, de ser posible, de no incurrir en terca y burda repetición.
Más allá de lo consignado en los cuerpos y documentos del proceso, múltiples anfractuosidades salen a relucir; algunas de ellas, según puedo dar fe, con pruebas a la vista, confirmarían la discrecionalidad con que, según percibimos, la entidad enjuiciada actúa: ya en otras ocasiones, y en este mismo espacio, he señalado diversas irregularidades en el proceder institucional sin que nadie hasta la fecha haya impugnado mis aseveraciones ni se me haya convocado a los fines de esclarecer casos tan vergonzosos como el del “académico” que, sobre tomarse el nombre de Procesos, revista indexada de historia, para atribuirse “decenas de artículos”, que jamás ha publicado, funge como director de carrera sin acreditar experiencia universitaria previa a su acceso a la plaza respectiva (Véase Los Andes, 27 de junio de 2017).
La comunidad universitaria, estudiantes especialmente, poco enterada parece estar de estas y otras circunstancias en que los reglamentos parecen usarse a conveniencia, más para prevenir, atajar y atemorizar a quienes pudieran hacer denuncias o suponer “riesgos”, que para evitar eventuales acciones de irrespeto a la institución o a sus autoridades; no de otra manera se entenderían las evasivas para el cumplimiento de la sentencia, expuestas en medios, y alguna vieja exhortación a no “exogenizar” la realidad interna de la universidad, más preocupada de encarecer logros puntuales que de asumir públicamente su obligación.
Nada me sorprende: el 26 de septiembre de 2014, traté personalmente con el ciudadano Nicolay Samaniego, en condición de Decano de la Facultad de Informática y Electrónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en cuyas manos dejé un oficio en el que denuncié la transcripción de varias páginas del libro Riobamba: Imagen, palabra e historia, de mi autoría, como parte del impreso “Presencia de los estilos gráficos en las edificaciones más representativas de la ciudad de Riobamba, propuesta de un sistema de formas y colores” presentado como “tesis” por los individuos Paul Edgardo Bautín Vivar y Cristian Javier Pánchez Chinche. Hasta la fecha, en que el entonces decano hoy ejerce como Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo, no he recibido la menor respuesta de su parte, mientras las escasas líneas remitidas por la institución se han limitado a presentar fragmentos de normativas sin enfrentar el problema como lo que es: un caso de plagio.
La sociedad toda, y ya no solo la comunidad universitaria, debe estar pendiente del cumplimiento integral de la sentencia en todas y cada una de sus partes; la institución, duela a quien duela, no puede sino acatarla sin camuflarla, evadirla ni interpretarla a conveniencia, dejando de ver en el crítico o en el denunciante un enemigo o un detractor gratuito; lo procedente, si de fomentar una universidad digna de tal nombre se trata, es crear instancias para que todos sus miembros, mucho más sus estudiantes y docentes, reemplacen la comodidad del nombramiento, el miedo a no ver renovados sus contratos, o la impavidez y el silencio con una permanente actitud crítica frontal, inclemente y rigurosa; de no ser así, nuevos juicios y procesos vendrán y con ellos nuevas vergüenzas, de esas que, al parecer, no sientan precedente alguno.
