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SENTENCIA

Una nueva página en la lucha contra el narcotráfico se escribe en el cantón Colta, donde el Tribunal de Garantías Penales, tras un exhaustivo proceso judicial, ha dictado sentencia contra Aníbal Rolando R. A., condenándolo a cinco años de prisión por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización en alta escala.

La inspección del automóvil reveló un hallazgo preocupante: un paquete tipo ladrillo que, tras ser sometido a análisis, resultó contener pasta base de cocaína, con un peso neto de 296 gramos.

El veredicto, fundamentado en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, marca el fin de un arduo proceso legal que comenzó en la madrugada del 16 de agosto de 2022. En aquella fecha, agentes de la Policía Nacional, desplegando un operativo antidelincuencial en la vía Panamericana Sur, detuvieron la marcha de un vehículo conducido por Aníbal Rolando R. A., acompañado por otro individuo.

La inspección del automóvil reveló un hallazgo preocupante: un paquete tipo ladrillo que, tras ser sometido a análisis, resultó contener pasta base de cocaína, con un peso neto de 296 gramos. Además, se encontró una suma considerable de dinero en efectivo, seis teléfonos celulares y otras pruebas incriminatorias.

Durante la audiencia de juicio, el Fiscal Multicompetente del cantón presentó un sólido conjunto de pruebas, que incluía testimonios de los agentes aprehensores, informes de reconocimiento del lugar de los hechos, partes policiales informativos, actas de verificación y pesaje de la sustancia confiscada, así como actas de entrega de evidencias. Esta sentencia representa la culminación de una investigación que también involucró a Nelson Enrique O. F., ya condenado a treinta y cuatro meses de prisión por su participación como coautor en el mismo caso, mediante un procedimiento abreviado llevado a cabo el 29 de septiembre de 2022.

El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta escala, contemplado en el artículo 220, numeral 1, literal c del Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece una pena privativa de libertad que oscila entre cinco y siete años, reflejando la gravedad y el impacto social de este tipo de crímenes.

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