Rodríguez indicó que la normativa es compatible con tratados internacionales, no afecta la Constitución y se adapta a la realidad del país. Destacó que toda persona tiene derecho a conformar su patrimonio conforme a su voluntad, siempre que lo haga de forma legal.
Aclaró que la normativa recae sobre bienes determinados, pues la intención no es desposeer a la persona de todas sus propiedades, “lo que se plantea es retirar las cosas contaminadas con el delito”, dijo. Resaltó que en el juicio se determinará si esa propiedad viene o no de una acción ilícita.
Al mismo tiempo, destacó que la extinción de dominio es imprescriptible, autónoma e independiente de la acción penal y de toda declaratoria de responsabilidad. Sostuvo que esta ley no debe convertirse en un instrumento de persecución política, debe ser una ley que permita solucionar las grandes pandemias que vive el Ecuador: corrupción e impunidad.
De su parte, David Rosero, manifestó que en el proyecto debería fortalecerse la figura de la incautación como medio preventivo; a la vez crearse un fondo previo de indemnización a la víctima de estos delitos.
Además, comentó que la ley no solo debería enfocarse en delitos generales particulares, sino en aquellos originados por personas jurídicas, corporaciones o empresas ubicadas en paraísos fiscales.
Al finalizar estas intervenciones, la asambleísta Gloria Astudillo señaló que este proyecto pretende rescatar el dinero de quienes en poco tiempo obtuvieron inmensas riquezas. Enfatizó que esta iniciativa no puede convertirse en un instrumento de persecución política, sino en un cuerpo normativo que genere un precedente de legislación en el país.
