POLÍTICA
La Comisión de Seguridad Integral ha iniciado un proceso de fiscalización para investigar posibles irregularidades en la comercialización y distribución de combustibles. En este contexto, se llevó a cabo una sesión en la que participaron varios delegados de instituciones estatales competentes en el tema.
Patricio Núñez, subsecretario de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, informó que el ministerio está implementando una estrategia para prevenir y combatir las economías ilegales y su financiamiento, enfocándose en actividades como la minería ilegal, el tráfico de combustibles y de sustancias sujetas a fiscalización.
Núñez destacó la coordinación con la policía colombiana, mediante la cual se ha identificado que aproximadamente un millón de galones de gasolina son traficados diariamente desde Ecuador. Además, explicó que se requieren alrededor de 284 litros de gasolina para procesar cada kilo de pasta de coca.
El subsecretario también subrayó un preocupante aumento en el tráfico de diésel. En comparación con 2022, durante 2023 se registró un incremento del 400% al 500% en el tráfico de este combustible destinado a actividades de minería ilegal en las zonas fronterizas.
Asimismo, se observó un aumento del 36% en las perforaciones ilegales a los poliductos a nivel nacional.
Por su parte, Damián Guamán, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), señaló que la institución ha realizado auditorías y revisiones a 990 compañías dedicadas a la comercialización de combustibles, incluyendo estaciones de servicio, alcanzando un 93% del catastro nacional en 2024.
Santiago Gaibor, representante del Ministerio de Energía, destacó que el Estado invierte anualmente cerca de 2.200 millones de dólares en subsidios a los combustibles. Precisó que el segmento automotriz es el de mayor consumo de combustibles subsidiados, representando un 62%.
ÇAdemás, enfatizó que la responsabilidad de suministrar combustible recae exclusivamente en la red de distribución de gasolineras y estaciones de servicio.
En cuanto a las acciones de las fuerzas del orden, el teniente de la Policía Nacional, Hugo Amores, informó que los operativos realizados en todo el país han llevado a la detención de 224 personas, con procesos judiciales iniciados, y a la incautación de 1.288 galones de derivados de hidrocarburos.
En otro punto de la agenda, la comisión abordó el veto parcial al proyecto de Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados.
Un total de 26 artículos han sido objetados, junto con la disposición general primera y las disposiciones transitorias segunda y novena. La comisión tiene previsto sesionar en los próximos días para analizar la propuesta presentada por el Ejecutivo.
