NACIONAL
Casi un centenar de concejales de Moscú y San Petersburgo ya se han adherido a la carta dirigida a la Duma que exige la destitución del presidente Vladímir Putin por “traición”, alegando el fracaso militar en Ucrania.
La misiva, originada la semana pasada en un distrito moscovita, pide al parlamento que Putin sea cesado de su cargo por “traición” en función del artículo número 93 de la Constitución.
Aunque la exigencia no tiene posibilidades de prosperar, la carta acumula ya casi cien firmantes entre concejales del distrito Lomonosovsky de Moscú, y de los distritos Smolninskoye y Kolpino de San Petersburgo. El texto afirma que la gestión de Putin y la guerra de Ucrania “dañan la seguridad de Rusia y de sus ciudadanos”.
Los concejales también aseguran que la invasión de Ucrania daña la economía y que no ha logrado frenar el avance de la OTAN sobre las fronteras rusas, que fue uno de los principales argumentos de Putin para justificar la operación militar.
Por otra parte, la alta comisionada en funciones de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este lunes que el aumento de la represión en Rusia contra aquellos que se oponen a la guerra en Ucrania.
“En la Federación Rusa, la intimidación, las medidas restrictivas y las sanciones contra las personas que expresan su oposición a la guerra en Ucrania socavan el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución, incluidos los derechos a la libertad de reunión, de expresión y de asociación”, dijo Nada Al-Nashif en un discurso pronunciado en la apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
La alta comisionada también acusó a Moscú de violar el derecho de acceso a la información de sus ciudadanos al presionar a periodistas, bloquear páginas de internet y mediante otras formas de censura.
Particularmente, la ONU pidió este lunes en Ginebra a Rusia que diera marcha atrás con una ley aprobada recientemente que aumenta aún más la represión contra las personas físicas aunque inicialmente sólo afectaba a organizaciones que tenían algún tipo de actividad política y recibían fondos del exterior.
A esas entidades la ley las calificaba de “agentes extranjeros”, pero ahora esta denominación también puede afectar a las personas que se considere que están bajo “la influencia” o “presión” del exterior, una acusación imprecisa y que puede estar sujeta a múltiples interpretaciones.
Estas acusaciones, tachadas de “infundadas”, fueron inmediatamente rechazadas desde Moscú. “No estamos dispuestos a escuchar estas declaraciones y estas conclusiones porque las consideramos infundadas”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.
Peskov agregó que es “imposible tomar en consideración” los argumentos esgrimidos por la alta comisionada. “No podemos tener en cuenta una postura tan unilateral”, aseveró.
Moscú, que abandonó el Consejo de Derechos humanos cuando la Asamblea General de la ONU votó su expulsión por la invasión de Ucrania, tiene no obstante estatus de observador y, como tal, podrá ejercer su derecho a réplica mañana martes, al igual que el resto de países.
El máximo órgano de derechos humanos de la ONU inició en mayo una investigación de alto nivel sobre las violaciones de los derechos cometidas por las tropas rusas en Ucrania, y el Consejo escuchará sus conclusiones el próximo 23 de septiembre. No obstante, existe una creciente presión para que el organismo investigue también los abusos contra los derechos humanos en el interior de Rusia.
FUENTE DE REDACCIÓN: LA VANGUARDIA