SENTENCIA
Paola Elizabeth A. M. se presentó ante la jueza el 17 de marzo, y aceptó su responsabilidad en el delito de tráfico ilícito de drogas en mediana escala en Riobamba, y fue sentenciada a cuarenta y cinco meses de prisión, además de una multa equivalente a diez salarios básicos unificados. Un caso más en las estadísticas judiciales.
La historia comenzó el 9 de enero de 2025, cuando agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional irrumpieron en un domicilio de Riobamba, ubicado en las calles Venezuela entre Pichincha y Vicente Rocafuerte. La orden de allanamiento se basaba en semanas de vigilancia y seguimiento, que indicaban que en esa vivienda se almacenaban y comercializaban sustancias ilícitas. Las sospechas se confirmaron.
Durante el operativo se encontraron 55.5 gramos de cocaína, un teléfono celular, una balanza digital y otros elementos que apuntaban a una estructura de microtráfico. La Fiscalía presentó pruebas contundentes: Informes de seguimiento, análisis químicos de la droga incautada y el reconocimiento del lugar de los hechos.
Su defensa intentó argumentar las circunstancias personales que la llevaron a involucrarse en la venta de drogas, pero la ley es clara: el artículo 220, numeral 1, literal b del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de cinco a siete años de prisión para este tipo de delitos. La única opción viable fue acogerse a un procedimiento abreviado, que le permitió reducir su condena.
Según datos de la Fiscalía, la mayoría de las personas sentenciadas por tráfico de drogas en mediana escala no pertenecen a grandes estructuras delictivas. Son eslabones menores de una cadena mucho más grande, donde los verdaderos líderes permanecen en la sombra mientras pequeños distribuidores y consumidores terminan en prisión.
En Riobamba, como en muchas otras ciudades del país, el microtráfico ha crecido en los últimos años. La venta de drogas en pequeñas cantidades se ha convertido en un negocio rentable debido a su alta demanda y rápida rotación. Para muchos, esta actividad representa una alternativa económica en contextos de desempleo y precariedad.
El caso de Paola Elizabeth A. M. plantea una pregunta crucial: ¿las condenas individuales realmente combaten el problema de fondo? Mientras la justicia se enfoque en sancionar a los últimos eslabones de la cadena sin desmantelar las redes más grandes, el microtráfico seguirá proliferando.
Las sentencias pueden dar la impresión de que se está combatiendo el delito, pero en la práctica, muchas de estas personas son reemplazadas rápidamente por otras en situaciones similares.
Paola cumplirá su condena, pero cuando salga, se encontrará con la misma realidad que la llevó ante el tribunal aquel 17 de marzo. Su historia es solo una entre muchas en una lucha contra el narcotráfico que sigue teniendo más preguntas que respuestas.
