Los crímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión son, según las Naciones Unidas, los de mayor trascendencia para la comunidad internacional. Como lo son todos aquellos actos cometidos que causan grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de la población. Para todos estos delitos, en 1968, la Convención Internacional estableció la imprescriptibilidad, mientras que varios países determinaron que dichos crímenes no pueden ser objeto de amnistía, u otras formas de atenuación de las responsabilidades establecidas por ley.
En las circunstancias actuales de gravísima crisis que vive el Ecuador por la pandemia del coronavirus, ¿se puede considerar delito de lesa humanidad ciertos actos de corrupción que pueden causar grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de la población, como dice las Naciones Unidas? ¿Acaso los escandalosos sobreprecios en un contrato de 10 millones de dólares para la adquisición de mascarillas, pantallas faciales de proyección ocular, guantes y otros suministros no tiene esta connotación criminal?
Mientras los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, policías, militares, guardianes, vigilantes, conserjes, agricultores, barrenderos y otros sectores poblacionales del Estado llano están sacrificándose y aun dando la vida para preservar la vida de los demás, personajes obscuros, ligados al poder político, otean desde la cima de su miseria humana, la oportunidad para continuar en el festín de la corrupción, sin que les importe un bledo la situación actual de millones de ecuatorianos que, con los valores de respeto, solidaridad y disciplina, aseo, tolerancia y otros están seguros que saldrán victoriosos frente al coronavirus.
