La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Ximena Peña Pacheco,
recibió al general Edmundo Moncayo, director de Servicio Nacional de Atención Integral
a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), quien informó sobre las acciones tomadas por la entidad para enfrentar la emergencia sanitaria por
Covid-19, en el Sistema de Rehabilitación Social.
El general Moncayo explicó que, entre las primeras acciones, luego de la declaratoria de Estado de excepción por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional,
emitió una comunicación dirigida a todos los directores de los centros de rehabilitación, al personal de seguridad, así como a las personas privadas de libertad con una serie de
medidas de prevención, para estricto cumplimento, de todos, a fin de evitar el contagio del virus.
Igualmente, dijo, se coordinaron acciones con las autoridades locales, a fin de desarrollar programas de desinfección de espacios e instalaciones penitenciarias, como también se solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) se limite a lo estrictamente necesario el uso de la prisión preventiva como medida cautelar dentro de los procesos penales.
Indicó que, al momento, la población carcelaria asciende a 39 403 personas privadas de libertad, de los cuales, 36 814 son hombres y 2 589 mujeres; 23 560 tienen sentencia y 15 146 procesados. Se registran 264 contraventores; y, hemos
pedido a las autoridades que se tomen acciones con las 413 personas con medidas de apremio, señaló.
En cuanto a adolescentes infractores, existe una población de 525 privados de libertad,
de los cuales 523 están en internamiento preventivo. En el régimen semiabierto tenemos 489 adolescentes varones y 34 mujeres; dos adolescentes (un hombre y una mujer) con internamiento de fin de semana. En las unidades de desarrollo integral (UDIS), se mantienen 341 adolescentes, 306 varones y 35 mujeres. 75 adolescentes más se encuentran en seguimiento de poscumplimiento.
Respecto de los casos de Covid-19 positivo en los centros penitenciarios, Moncayo informó que se registró un interno fallecido y dos casos positivos más, en el
Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito, pacientes que se encuentran hospitalizados.
De otro lado, el director del SNAI subrayó que si continúa la situación como está,
anualmente la población carcelaria tendrá un incremento de entre 2 000 y 2 500 personas en hacinamiento, en los centros de rehabilitación social del país.
Entre tanto, Sylvia Bonilla, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), lamentó que dentro de las medidas y protocolos dispuestos por la SNAI no se han incluido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el sentido de evitar el hacinamiento, así como tomar medidas con perspectiva de género, tomando en cuenta que la población carcelaria, por sus propias condiciones, es considerada como población en riesgo.
