Mariano Curicama, prefecto de la provincia de Chimborazo, a través de rueda de prensa informó a la ciudad y provincia sobre el proceso que se ha desarrollado en el caso Jubilados, donde explicó que en caso de aprobarse la solicitud de los ciudadanos, la provincia se quedaría sin obras.
Durante la rueda prensa, Curicama mencionó el disgusto que han mostrado los moradores aledaños a la institución por las huelgas que realizaron los jubilados semanas atrás. “La ciudadanía está siendo afectada en lo que se refiere al tema ambiental, nosotros seguiremos trabajando, haremos todo lo necesario, pese a la negligencia de los jubilados, la institución seguirá trabajando”, dijo.
Según Curicama, mediante un documento que consta en el contrato colectivo, los jubilados han recibido el pago de 30.000 dólares cada uno. “En este proceso, ellos a través del mandato 2, solicitan la cancelación de la cantidad similar a la primera”, señaló el Prefecto.
Asimismo detalló que la cantidad solicitada es imposible cubrirla, puesto que son recursos de la provincia y la institución no cuenta con esa cantidad para cancelar esos haberes. Añadió que la institución está al día con las mensualidades.
“No es que se jubilaron, cobraron y se terminó; ellos cobran mensualmente, entonces yo no puedo pagar porque hay una sentencia, yo tengo que abarcar todos los recursos existentes y he tenido que contratar otros abogados porque yo tengo que defender los recursos de la provincia”, enfaticó la autoridad.
Ayer se presentó una acción extraordinaria de protección a la inspectoría de trabajo, en donde tienen 10 días para enviar el documento a la Corte Constitucional. “Cuando ya esté en la corte, nosotros con los abogados daremos la audiencia para determinar las resoluciones del caso. Eso se dará conforme a como debe ser y porque La ley me obliga” puntualizó. 23
