El operativo policial Emperador que detuvo a 33 supuestos autores del delito de tráfico de influencias dejó al descubierto que el cura Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, supuestamente sería parte de una organización dedicada a ofrecer cargos en entes del Estado, además de ofertar contratos en entidades públicas a cambio del 10% y 20% de la obra. Por supuesto, el sacerdote negó rotundamente y se declaró perseguido político.
Cuando el Superior de la Orden de los Dominicos, a la que se pertenece el Cura Tuárez, en una entrevista, en meses anteriores, aseguró que “el Padre José Carlos ha vendido su alma al diablo”, al parecer estaba en lo cierto porque fácilmente el cura ha pasado del púlpito al pillaje. A esta altura del partido, al cura Tuárez le importa un comino lo que opinen sus superiores religiosos porque es evidente que hace rato echó al cesto de la basura el voto de obediencia. Al igual que lo hizo con el voto de pobreza, pues, según su declaración juramentada, que la presentó para optar por una membresía en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, poseía en ese momento un patrimonio de USD 372 000 de dudosa procedencia. Y ningún ecuatoriano con ese patrimonio puede ser considerado pobre. Respecto del voto de castidad, eso pertenece a su fuero interno y solo Dios y el diablo pueden saberlo y también las posibles parejas, hombre o mujer, con quienes, en pleno uso de su derecho humano, decidió no abstenerse del goce carnal.
Si el cura Tuárez, suelto de huesos, presuntamente, rompió cada uno de los prometimientos que constituyen el estado religioso y tiene admitidos la Iglesia, como son la pobreza, la castidad y la obediencia, eso no es un delito ante el Estado laico, no ha infringido ninguna ley. Pero sí ha decidido pasar del púlpito al pillaje, entonces sí deberá responder ante la ley por sus actos.
