Por: Kléber Mantilla Cisneros
El Ecuador parte el año 2025 cruzando un momento político crítico y en medio de alta inestabilidad económica fruto de una intensa crisis energética. El asesinato de cuatro niños, torturados e incinerados, de las Malvinas de Guayaquil, después de un operativo militar, marcan la responsabilidad histórica de un gobierno que pretende reelegirse en un juego de malos asesores y redentores de toda laya. Hecho bochornoso y terrorífico, de dimensión mundial, que acelera la polarización en la sociedad civil; la incertidumbre, confusión e improvisación en la conducción del país a cargo de las actuales autoridades. Un panorama trastornado que nos mantiene bajo dos vicepresidentas: Verónica Abad, electa sin funciones; y, Sariha Moya, encargada por decreto presidencial.
La mala comunicación oficial y la enredada inteligencia militar han ocasionado que los delitos por violación de derechos se agraven, acumulen y evolucionen. De ‘desaparición forzada’ de menores de edad pasamos a ‘ejecución extrajudicial’; algo penado por la legislación internacional, con perjuicio a los contribuyentes tributarios. Esa creencia de que apresando a 16 soldados se lava las manos de generales y ministros es otro desatino de gestión pública. Sin embargo, la ciudadanía percibe la manera cómo se realizan los actos de fuerza dentro de un escenario contaminado por el narcotráfico; el ruido de los fusiles que atemorizan a la población; la lucha narco encarnada por alcanzar el poder político y el reto de contrarrestar al crimen organizado, aunque sin tocar sus fuentes de financiamiento.
Ante los embates del correísmo versus anticorreísmo, de la narco-política versus democracia, cabe escalar el significado de imparcialidad y justicia. Tan complejo y extraño como esa designación en el Legislativo del abogado del reo Jorge Glas, Eduardo Franco Loor, para que él asuma de consejero del Quinto Poder denominador de autoridades. Luego, una mayoría correísta nombraría al próximo Fiscal General en reemplazo de Diana Salazar, producto de la manipulación y los miedos que hábilmente se difunden para dar cabida al proyecto de impunidad más descarado, hoy en campaña presidencial.
Es que la retórica del consumo creciente de droga, planetario, implica efectos directos en la juventud, salud, educación, en la seguridad nacional, impacto ambiental y distorsiones en la economía. Seguirán muriendo niños e inocentes hasta que no se transparenten a las élites reales de la mafia, las rutas del dinero narco y se depuren cada una de las instituciones civiles y armadas. Hasta que no se enfrente con firmeza a la minería ilegal y a la logística de producción y distribución de cocaína en nuestros puertos y aduanas. Hasta que los protagonistas de la política no despierten de la pesadilla de repetir los niveles actuales de desempleo, migración y pobreza.
