En un contexto de creciente inseguridad, el Gobierno de Ecuador, bajo la presidencia de Daniel Noboa, ha decretado un nuevo estado de excepción que afectará a siete provincias y tres cantones del país durante los próximos 60 días. La medida, que incluye restricciones de movilidad y toque de queda, busca hacer frente a la presencia de grupos armados organizados y otras amenazas a la seguridad en varias zonas del país.
Mediante el Decreto Ejecutivo 493, firmado el 2 de enero de 2025, se establece el estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como en el Distrito Metropolitano de Quito, y en los cantones La Troncal (Cañar) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay). Entre las medidas destacadas se incluye el toque de queda en 22 cantones, desde las 22:00 hasta las 05:00, con la excepción de Quito.
El estado de excepción suspende varios derechos constitucionales en las áreas afectadas, incluyendo el derecho a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, además de movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el control de las zonas más conflictivas. La medida también otorga a las autoridades la facultad de intervenir los centros carcelarios bajo una “ejecución temporal, regulada y fiscalizada”, según lo estipulado en la Constitución.
La disposición entra en vigor mientras el país se prepara para las elecciones generales del 9 de febrero de 2025, en las cuales el presidente Noboa busca la reelección. Además, se da a pocos días de que Ecuador cumpla un año desde la declaratoria de “conflicto armado interno”, que fue impulsada por Noboa en respuesta al aumento de actos de violencia, como motines carcelarios y ataques armados a medios de comunicación.
El decreto ha generado diversas reacciones. Mientras las autoridades defienden la medida como necesaria para garantizar la seguridad y estabilidad, algunos organismos de derechos humanos han expresado su preocupación sobre posibles abusos por parte de las fuerzas del orden, especialmente tras el reciente hallazgo de los cuerpos de varios menores desaparecidos, quienes, según informes, fueron detenidos por militares en circunstancias que aún están siendo investigadas.
Las críticas se centran en el temor de que el estado de excepción pueda vulnerar derechos humanos fundamentales, como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, especialmente en un clima de creciente violencia en diversas regiones del país. Sin embargo, las autoridades han insistido en que las acciones están orientadas a restablecer el orden y proteger a la población de las amenazas que enfrenta Ecuador en el contexto actual.
