Por: José Alvear
En medio de tanta polarización, los ecuatorianos podemos convenir en una sola tesis: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) es un chiste largo, muy largo, y malo, muy malo.
Este invento del capitán y dueño de ‘La Liga Azul’ debe desaparecer.
Con un Estado absolutamente quebrado, gastamos $10 millones anuales para mantener a estos funcionarios que solo se dedican, día a día, a trabajar en función de las consignas de los dos nefastos caudillos que aún operan en el país (el uno desde su escondite en Europa y el otro desde un islote en Samborondón).
Me rectifico, el trabajo del Cpccs más que un chiste, resulta un insulto al país. La semana pasada presenciamos cómo se fortalecían los azules con el apoyo de una consejera que deambula sin horizonte. Aparentemente porque no está sentada ahí gracias a los caudillos de turno, actuando en función de su conciencia.
Sin embargo, en un movimiento impredecible hizo peso para desconocer al actual superintendente de Bancos y apoyar al cuestionado ungido por el correísmo. 24 horas después, quizás por miedo a ser allanada, se dio media vuelta y empezó a hacer presión para que se revea una medida que ella misma apoyó por temor a ser destituida por la Corte Constitucional.
Da risa e indignación.
Es delicada y llamativa esa fijación que tienen los pitufos (porque ‘La Liga Azul’ suena a superhéroes y eso definitivamente no son) por controlar la Superintendencia de Bancos.
¿Díganme ustedes una sola medida no politizada y totalmente ciudadana que haya tomado este consejo con espíritu de burdel?
Los ciudadanos debemos exigir que se elimine esa institución y exigir que lo que nos cuesta todos los años mantener este organismo se destine a medicinas para hospitales públicos o armamento para nuestra Policía Nacional.
No tiene sentido este organismo que se inventó un expresidente hoy prófugo de la justicia.
Más allá de intentar copiar lo que hizo Milei, los candidatos deberían plantearse la eliminación de organismos bajo la premisa real de que no hay plata, y se necesita una urgente reingeniería de la distribución de los recursos que ingresan a las arcas del Estado.