Diferentes autoridades municipales mantienen reuniones con sectores barriales de Riobamba con el loable objetivo de llegar a acuerdos para potenciar la seguridad en la ciudad. Entendemos que el acercamiento y conversatorio con el barrio Las Flores es parte de un proceso sostenido dentro de las políticas publicas que, en procura de seguridad ciudadana, lleva adelante la Municipalidad.
En este contexto hay que recordar lo que establece la actual Constitución de la República del Ecuador cuando, al referirse a la seguridad ciudadana dice: “El Estado garantizará la seguridad ciudadana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir formas de violencia y discriminación, y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a los órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.”
Es un hecho que la inseguridad ciudadana, en los últimos meses se ha recrudecido a nivel nacional. La modernidad y el desarrollo, lamentablemente, pasan factura especialmente en las ciudades grandes y pequeñas. La nueva realidad urbana que surge con el crecimiento poblacional trae aparejado también un crecimiento de la drogadicción, la delincuencia e inseguridad. Los buses, los hogares, los negocios grandes y pequeños son víctimas de asaltos, de amenazas de robos y atentados. En algunos casos, ciudadelas o complejos habitacionales se cercan, se cierran, contratan vigilancia privada. Las tiendas de la esquina se protegen con barrotes metálicos o de madera, de varias formas y figuras. En ciertos sectores de la urbe, transitar a determinadas horas es exponerse al asalto. Si la delincuencia que está en acecho, descubre que en determinada vivienda, habitan solo ancianos, les asaltan sin escrúpulos.
Las asambleas y conversatorios con los barrios abren espacios para el involucramiento ciudadano en temas de seguridad que, dentro de un concepto más amplio, incluye gozar de la vigencia de un estado constitucional de derecho y de un estándar mínimo o razonable de bienestar en materias de salud, educación, ingreso, etc.
