Cuando el exPresidente Correa, durante su administración, dijo que no entregará el 40% para las pensiones jubilares y ratificó que no dará ni 20 centavos más a la seguridad social porque el IESS tiene superávit, esa declaración, como era de esperarse, despertó mucha preocupación e incertidumbre en la ciudadanía, particularmente en el sector de los jubilados, que veían amenazada su relativa tranquilidad en los años en que, por efecto de la edad, su agudizan su males y enfermedades y, de hecho, acuden con más frecuencia a tratamientos médicos y los controles son cada vez más exigentes y periódicos.
Esas y otras decisiones políticas frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) le han llevado a una situación crítica, tanto, que en un momento dado, se lo llegó a declarar en quiebra. Ventajosamente la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional lo decidido por Correa.
Es doloroso para la jubilados haber trabajado buena parte de su vida para recibir una mínima pensión y en muchos casos, una deficiente atención en su salud, a causa de un sistema que históricamente ha sido caja chicha de los gobiernos de turno, especialmente en la década de la Revolución ciudadana a la que no le importó las graves consecuencias de sus decisiones políticas.
A propósito, no hay que olvidar que la Constitución del 2008 en el Art. 372 literalmente dice: “Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio”. Pero también el artículo 36 de la misma Constitución dice: “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica…”.