ELECCIONES
Las reformas al Código de la Democracia establecieron en 2020, una medida que pretendía reducir el número de candidatos en las elecciones y hacer más eficiente el uso del fondo de promoción electoral. La norma exige que aquellos que no superen el 4% de votos en dos elecciones consecutivas devuelvan el 50% del financiamiento estatal. Sin embargo, en la práctica, esta disposición ha resultado ineficaz.
El fondo de promoción electoral, otorgado por el CNE, tiene como objetivo garantizar igualdad en la competencia, permitiendo que los candidatos sin grandes recursos también puedan pautar en medios de comunicación. No obstante, ha sido criticado por financiar candidaturas con pocas posibilidades de ganar.
La reforma intentó sancionar a los candidatos con malos resultados, pero la forma en que se reglamentó permitió que partidos y movimientos evadieran la devolución del dinero al cambiar de candidato en cada elección. El reglamento establece que la obligación de devolver los fondos solo aplica si la misma persona no supera el 4% en dos elecciones consecutivas.
Por lo tanto, al cambiar de candidato, los partidos evitan la sanción, incluso si sus resultados son similares. En 2021, varias organizaciones no alcanzaron el 4%, pero en 2025, al presentar nuevos candidatos, evitaron la devolución de los recursos. Este mismo patrón se repite en las elecciones legislativas, donde listas de asambleístas nacionales que no superaron el 4% en dos elecciones consecutivas también lograron evadir la sanción cambiando sus candidatos.
El financiamiento electoral ha seguido fluyendo sin restricciones. En 2021, cada binomio presidencial recibió USD 301.176 del fondo de promoción electoral; en 2025, el monto ascendió a USD 315.825. Incluso aquellos que participaron en alianzas recibieron un valor adicional. Pero pese a estos recursos, su desempeño en las urnas fue mínimo, y al cambiar de candidatos, sus partidos evitaron la sanción.
A pesar de la intención de la reforma de reducir la proliferación de candidaturas y optimizar el uso del fondo de promoción electoral, la falta de precisión en la ley ha permitido que partidos y movimientos políticos esquiven la sanción con facilidad. Como resultado, el número de candidatos no ha disminuido y los recursos estatales siguen siendo utilizados sin mayores consecuencias.
El debate sobre la efectividad de este mecanismo sigue abierto. Para algunos analistas, la solución estaría en reformular la norma para que se aplique no solo a los candidatos, sino también a las organizaciones políticas que los postulan. Mientras tanto, se seguirá financiando a candidaturas que, a pesar de sus constantes fracasos en las urnas, continúan participando sin riesgo económico alguno.
