Todo depende del cristal con que se mire. Para unos sectores políticos, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideran una victoria, pues, el documento difundido el pasado 14 de enero, centra la atención de la CIDH en el uso excesivo de la fuerza pública durante la protesta de octubre del año pasado por lo que los actores de la protesta consideran esos días como una histórica y heroica jornada de lucha y resistencia popular.
Para el oficialismo y ciertos sectores partidistas, el informe lo consideran sesgado, parcializado e incompleto, pues, no se refiere a los hechos en toda su magnitud, no menciona los intentos golpistas de quienes trataron de aprovechar la circunstancia para derrocar al régimen, realizar acciones claramente delincuenciales que excedieron los límites del derecho a la protesta. El mismo presidente Moreno, entre la indignación y el desaliento expresó su rechazo a la pretensión de la Conaie de demandar al Estado por el uso excesivo de la fuerza, mientras recordaba al pueblo ecuatoriano los actos vandálicos registrados entre el 3 y 13 de octubre. Citó, entre otros, el incendio del edifico de la Contraloría, las “retenciones” a militares, policías y periodistas, los abusos sexuales que sufrieron mujeres policía, mostró imágenes de vehículos militares en llamas, la destrucción de bienes y servicios públicos, de los ataques a medios de comunicación y otras imágenes de quienes destruyeron la propiedad privada.
Frente al Informe de la CIDH, al parecer contaminado políticamente, se impone la urgente necesidad de una investigación imparcial que tenga presente que los derechos humanos son connaturales y propios de todas las personas, más allá de toda nacionalidad, sexo, etnia, profesión y que, por lo mismo nada tienen que ver con determinada ideología. Solo así se podrá establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas de los actores del octubre negro de uno y otro bando que pusieron al país al borde del abismo. Porque resulta hasta insultante para la opinión pública afirmar, por ejemplo, que el incendio de la Contraloría fue un accidente pirotécnico. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y los protagonistas de los desatinos y vandalismos a ser sancionados.