“El Estado ecuatoriano y, en especial el Gobierno, deben asumir con responsabilidad la garantía de derechos y, aunque sabemos que el país tiene una infinidad de necesidades, existen algunos requerimientos sociales que no se pueden soslayar ni postergar”, señaló el Defensor del Pueblo del Ecuador.
Ante la noticia de la muerte de un niño de seis años y tres nuevos femicidios en Guayas, Cotopaxi y Pichincha, que se suman a otros doce ocurridos en lo que va de 2020, según cifras presentadas por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su rol constitucional de proteger y promover los derechos humanos, y ante las evidencias del incremento de los índices de violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes, se pronuncia una vez más para requerir del Estado ecuatoriano la atención debida y la urgencia al cumplimiento de las tareas que le corresponden para combatir este flagelo social.
Los hechos muestran que la vigencia de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como las acciones ejecutadas para ampliar el acceso a los servicios de justicia de la mujeres víctimas de violencia y evitar la impunidad, no han sido mecanismos suficientes para enfrentar la grave situación de violencia contra la mujer en el país, acaso porque todos los planes, proyectos, protocolos y cumplimiento de competencias colisionan con el hecho de fondo que es la carencia de recursos.
Nos pronunciamos porque la defensa de la vida de las mujeres víctimas de violencia es la principal de las urgencias sociales, porque los hechos violentos en los ámbitos público y privado, sumados a la falta de protección colocan a la mujer en situación de desigualdad, exposición y vulnerabilidad, cuya consecuencia solo puede ser la violación de su integridad y el femicidio (16).
