NACIONAL
El 16 de enero de 2025, en el marco de la investigación del caso “Fachada”, la Fiscalía de Ecuador llevó a cabo una serie de allanamientos en las oficinas de tres jueces anticorrupción en Quito, en lo que se ha convertido en un escándalo que involucra presuntos vínculos entre la judicatura y organizaciones narcoguerrilleras.

Los jueces Gabriela Lara, Christian Quito y Jairo García, además de varios abogados, entre ellos Oswaldo Trujillo, defensor de los hijos de un reconocido cabecilla narcoguerrillero, están siendo investigados por su posible participación en una red de tráfico de influencias y delincuencia organizada.
El caso tiene su origen en una denuncia anónima que detalló un intento irregular de liberar a los hijos de Roberto Carlos Álvarez Vera, conocido líder de los Comandos de la Frontera (CDF), grupo armado involucrado en el narcotráfico en la frontera norte de Ecuador. Los hermanos Álvarez, Carlos Andrés y Kerly, fueron detenidos en 2023 por su relación con actividades de tráfico de droga, y desde entonces, sus defensores, incluido Trujillo, han intentado maniobrar legalmente para obtener su liberación.
A las 5:30 de la mañana, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron 12 allanamientos, durante los cuales encontraron evidencia clave como teléfonos móviles, computadoras, documentos y más de 100.000 dólares en efectivo. Los investigadores también hallaron municiones en la propiedad de Trujillo, quien fue arrestado por la tenencia ilegal de armas y trasladado bajo custodia.
#ATENCIÓN | En el marco de un operativo ejecutado hoy en #Quito y #Esmeraldas, Oswaldo T. fue aprehendido en flagrancia por #TenenciaYPorteNoAutorizado de municiones. En su vivienda se encontraron cartuchos de diferente calibre –incluso de uso militar– que no pudo justificar. pic.twitter.com/GJEBLTqTJ9
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 16, 2025
El caso “Fachada” ha destapado una serie de irregularidades dentro de la Unidad Anticorrupción, creada en 2022 para manejar casos de corrupción y crimen organizado en Ecuador. Varios de los jueces de esta unidad ahora están bajo investigación por sus presuntos intentos de facilitar la liberación de los Álvarez, quienes serían parte fundamental de una red de narcotráfico que operaba entre Colombia y Ecuador.
Los investigadores continúan rastreando los vínculos entre el sistema judicial ecuatoriano y las organizaciones del narcotráfico, mientras se preparan nuevas audiencias en el caso de los hermanos Álvarez, que aún enfrentan cargos de delincuencia organizada. La atención está puesta en las acciones futuras del Ministerio Público, que ahora tiene en la mira a un sistema judicial que parece haber sido infiltrado por la delincuencia organizada.