POLÍTICA
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador impuso una sanción a la vicepresidenta Verónica Abad, suspendiendo su participación política por dos años y aplicándole una multa de aproximadamente 14.100 dólares. La decisión fue tomada por el juez Guillermo Ortega, en respuesta a una denuncia por violencia política de género presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld.
La resolución se hizo pública este jueves 27 de febrero de 2025, tras la audiencia oral donde se expusieron los argumentos de ambas partes. Se trata de un fallo en primera instancia, por lo que aún puede ser apelado ante el Pleno del TCE.
Denuncia por violencia política de género
La acusación sostiene que Abad habría emitido declaraciones con contenido denigrante y estereotipos de género que buscaban afectar la imagen de Sommerfeld y entorpecer su labor en el ámbito internacional. Aunque la canciller solicitó la destitución de la vicepresidenta, el juez determinó la suspensión de sus derechos políticos y la multa correspondiente a 30 salarios básicos unificados.
Según la sentencia, esta medida busca proteger la igualdad política y prevenir actos de discriminación en el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, el tribunal consideró la jerarquía de la vicepresidenta dentro del Ejecutivo y el impacto de sus declaraciones al determinar el monto de la sanción económica.
Medidas adicionales y repercusiones
Además de la suspensión y la multa, el juez ordenó a Abad publicar una disculpa en un medio de comunicación de amplia circulación en el país, una vez que la sentencia quede en firme. También se notificará al Ministerio de Trabajo para inscribir la sanción y establecer la prohibición de ejercer cargos públicos durante el período señalado.
El fallo se basó en diversas pruebas documentales, comunicaciones oficiales y material audiovisual, incluyendo videos y peritajes que confirmaron las declaraciones emitidas por la vicepresidenta. Según el juez, se garantizó el debido proceso y la notificación a Abad, quien no presentó una respuesta formal dentro del plazo establecido.
Hasta el momento, la vicepresidenta no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la sentencia, en un contexto en el que mantiene disputas con el presidente Daniel Noboa y otros miembros del gobierno.
