JUICIOS.
Aumento salarial, refrigerio y bonos por despido son algunos de los beneficios que buscan 7.339 trabajadores de tres empresas públicas.
A través de fallos judiciales, 7.339 funcionarios públicos buscan pasar a formar parte de los contratos colectivos de las empresas públicas eléctricas y de telecomunicaciones. El cambio significa que el acceso a beneficios de los cuales no gozan siendo parte de la Ley de Empresas Públicas. Esos beneficios, algunos de los cuales ya se están entregando, incluyen transporte, alimentación y bonos por antigüedad.
El origen del reclamo está en la aprobación de la Ley de Empresas Públicas en 2010, que dejó a varios trabajadores por fuera de los contratos colectivos. Lo dice el presidente del Central Unitaria de Trabajadores de Ecuador (CUT), Richard Gómez. Para él, la Ley de Empresas Públicas creó dos tipos de trabajadores, unos que pueden acceder al derecho de la contratación colectiva y otros que no, lo cual califica de “discriminatorio“. “La Ley de Empresas Públicas no es una ley laboral, pero regula a los trabajadores. Y saca a una parte de los trabajadores de carrera del Código del Trabajo. Es una violación a los derechos, que según la Constitución son intangibles”, dice Gómez. El único régimen laboral que existe en el país es el regido por el Código del Trabajo, insiste Gómez, quien defiende que ya la justicia les ha dado la razón. Para las empresas públicas, estas nuevas pretensiones son un peso que amenaza su estabilidad financiera e incluso la continuidad de su operación./ Primicias ec
