NACIONAL
Las propuestas del Ejecutivo en materia de seguridad parecen quedarse cortas ante las últimas arremetidas de la delincuencia y del crimen organizado. “La paciencia se terminó”. La frase es del alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, quien busca advertir al presidente Guillermo Lasso de las consecuencias de la violencia en esa ciudad.
Erazo incluso amenazó con cerrar la vía Alóag-Santo Domingo y “paralizar el país”, con el objeto de llamar la atención del Gobierno para que declare el estado de excepción en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Santo Domingo es una calurosa ciudad de 450.000 habitantes, punto de encuentro de diversas migraciones, y una de las principales conexiones entre las regiones Costa y Sierra de Ecuador.
No es este el primer gobierno local (GAD) que le exige a Lasso que cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad. En Esmeraldas, la alcaldesa Lucía Sosa ha liderado marchas por la seguridad y también ha exigido la declaratoria de estados de excepción. Mientras que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ha dicho estar dispuesta a ir a la guerra y sostiene que el Gobierno Central le debe USD 60 millones al municipio porteño por los aportes que ha hecho por su cuenta para equipar a la Policía. Lo mismo reclamó Erazo, quien dice que Santo Domingo cubre gastos que debería pagar el Ejecutivo, en patrulleros y motocicletas para la Policía, alarmas y cámaras. Son varios los gobiernos locales que hacen lo mismo. La inversión mensual promedio en seguridad de los GADs pasó de USD 389.000 mensuales en 2021 a USD 6,2 millones en 2022.
Estados de excepción
El Ejecutivo sostiene que trabaja en seguridad y que tiene una estrategia de largo plazo para combatir el crimen. Y argumenta que el repunte de la violencia es una reacción de la delincuencia frente a las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Las apuestas normativas del gobierno para implementar la estrategia de seguridad han tropezado. Los estados de excepción decretados no han conseguido disminuir los actos criminales. Y la misma Corte Constitucional (CC) ha limitado las facultades del Presidente cuando ha impulsado estas medidas. Todos aceptan que los decretos ejecutivos que declaran los estados de excepción no solucionan el problema. El Ejecutivo intentó crear una polémica figura, denominada estado de emergencia, que no restrinja derechos, pero permita la colaboración de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad. A eso se sumó la intención de que bomberos, agentes de tránsito, de aduanas y municipales pudieran hacer uso de la fuerza y llevar armas. Ambas propuestas fueron planteadas en el veto a la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Pero no fueron aceptadas por el Legislativo.
